La reforma previsional podría provocar una lluvia de amparos por su inconstitucionalidad y, al mismo tiempo, iniciar una nueva avalancha de juicios individuales de los actuales jubilados por el recorte que provocará sobre los aumentos previstos para el año próximo y las diferencias que se establecen para los futuros pasivos.

Es que la reforma que intenta aprobar el Gobierno en Diputados establece, entre otros puntos, que la actualización pasará a ser trimestral en vez de semestral y se regirá en un 70% por el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec y un 30% por el indicador de salarios Ripte del ministerio de Trabajo, en lugar de hacerlo en un 50% por la recaudación y 50% por salarios, como ocurre actualmente.

Producto de ese cambio en la fórmula los jubilados tendrán un incremento de 5,1% en marzo en lugar de más del 13% que les correspondería con la movilidad actual. Esto implicará un ahorro fiscal equivalente a un trimestre, que según los abogados, violaría el principio de progresividad que figura en tratados internacionales firmados por la Argentina.

"No cumple con ninguno de los pactos económicos y culturales que prohíben la regresividad de las políticas sociales", explicó a BAE Negocios el experto Miguel Fernández Pastor, que además advirtió que se trata de una ley "retroactiva", lo cual también la vuelve inconstitucional.

"Además es discriminatoria porque, por otro lado, se introdujo una fórmula distinta para los activos y los pasivos. Con la reforma el haber inicial de un jubilado baja un 20%", apuntó el ex gerente de la Anses, creador de la movilidad vigente. Es que de aprobarse la ley, a los activos se les actualizará su futura jubilación "sólo por el Ripte", puntualizó Fernández Pastor.

Lo cierto es que la norma podría derivar no sólo en una catarata de amparos para evitar que la ley entre en vigencia sino además de juicios de los jubilados que verán recortados sus futuros aumentos, como así también de los trabajadores hoy activos, a los que se le aplicará una fórmula diferente a la de los pasivos actuales.

"Hay una enorme cantidad de gente que los está presentando, nosotros ya lo hicimos", dijo el abogado.

También lo hizo el dirigente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, en un planteo que ayer fue ampliado por Christian Dalessandro, otro abogado previsionalista.

"Esta reforma puede ser un tiro por la culata teniendo en cuenta que con la Reparación Histórica quisieron reducir la litigiosidad", señaló DAlessandro a este diario.

En total, el universo afectado por la fórmula que se aprestaban a votar los diputados es de unas 17 millones de personas entre el sector pasivo, pensionados, y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros.