Los 320 despidos con que el Ministerio de Agroindustria recortó su plantilla de trabajadores no estuvieron exentos de presiones, amenazas y maltratos que llevaron adelante funcionarios del ministro y empresario rural Luis Miguel Etchevehere. Por ejemplo, en Misiones desplazaron a un coordinador por negarse a elaborar la lista de trabajadores a despedir. En el Aeropuerto de Ezeiza, una trabajadora del Senasa tuvo un pico de presión tras ser amenazada por un funcionario por haber adherido a un paro. En la sede de la cartera de Agroindustria avisaron que quienes participan de asambleas y protestas son “monitoreados”. Y para los que protestan habrá descuentos de sueldo según el tiempo que permanezcan en asamblea.

Los aprietes tuvieron lugar en dos de los sectores más afectados por el recorte de personal: la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y el Senasa. En esta entidad encargada del control de productos animales y agroalimentarios, los trabajadores denunciaron públicamente que la directora de Recursos Humanos, Gisel Tasin Pavan, amenazó con filmar a quienes dejaran sus puestos para participar de asambleas o protestas. Según fuentes gremiales, durante una reunión con algunos empleados dijo que todos “están siendo monitoreados” y que ella mira quién trabaja, quién no y quiénes operan políticamente en los pasillos del edificio.

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Ese no fue el único caso. Una de las medidas de fuerza que tomaron los trabajadores del Senasa en el Aeropuerto de Ezeiza fue frenar los controles. Por este motivo no se podían embarcar animales en los vuelos. Fue entonces que el director de la región metropolitana, Ignacio Silveira, llamó a una de las trabajadoras que tomó esa determinación y la acusó de “delincuente”. Ella le explicó que la medida de protesta había sido notificada a las compañías aéreas, pero la reacción del funcionario fue peor.

“Los acusó de delincuentes que pasaban viáticos truchos y amenazó que los iba a denunciar”, relataron a este diario dirigentes gremiales. Ante las amenazas, la trabajadora tuvo un pico de presión y se desmayó. Jorge Ravetti, titular de ATE-Senasa, advirtió que el gremio “no va a aceptar ningún tipo de violencia en este conflicto” y agregó: “No vamos a permitir que encima de los despidos se nos muera algún compañero por culpa de estos violentos”.

Desde la sede de Agroindustria, Juan Antonio Miguens, subsecretario de Coordinación Administrativa e hijo del ex titular de la Sociedad Rural Luciano Miguens, envió un aviso a todas las provincias: “Se descontarán las horas incumplidas de trabajo del personal que abandone su puesto de trabajo”. También dio una indicación a favor de la delación: “Deberá informarse diariamente el listado y el intervalo horario en que cada uno estuvo ausente en su puesto de trabajo”. “El Ministerio garantiza el derecho a manifestarse de los trabajadores pero necesariamente deben descontarse las jornadas que no se laboran”, concluye el escrito.

En la SAF, los telegramas que llegaron hasta ahora fueron 140. La antigüedad de los despedidos oscila entre los cinco y los 30 años con contratación transitoria. Es decir que son precarizados. Nunca fueron incorporados a la planta permanente del ministerio y, por lo tanto, son monotributistas.

En Jujuy, Salta y Chaco despidieron a técnicos que habían sido echados en 2016 y luego reincorporados tras una larga resistencia gremial y un amparo admitido por la Justicia. Uno de los casos emblemáticos es el de una ex delegada de ATE en Chaco que en 2016 fue cesanteada, luego reincorporada y ahora, que ya no tiene fueros gremiales, nuevamente despedida. “Dejaron pasar el tiempo y arremetieron contra ella. La perversión y el maltrato son increíbles”, calificó Melina Zocchi, delegada de ATE-SAF de Catamarca. Para ella, el objetivo del Gobierno es claro: “Desmantelar o reducir a una mínima expresión una secretaría que no pueden eliminar” porque su vigencia está amparada en la Ley de Reparación Histórica 27.118. Si no fuera por esto, probablemente la cerrarían.

En Mendoza, los despidos rozaron la persecución ideológica. Marcos Persia es uno de los técnicos más reconocidos de la provincia y en los últimos años estuvo trabajando con los pequeños productores en una técnica de transición hacia la agroecología, con un sistema de producción que elimina intermediarios y hace que los precios puedan llegar más bajos a los consumidores. Los productores con los que él trabaja “tienen más que ver con el desarrollo social y no con la agroindustria”. Sin embargo, “para el Gobierno, los pequeños productores no son parte del aparato productivo sino parte de la pobreza rural”.

“Mi despido es injustificado –dijo a PáginaI12–, pero lo que más me molesta es la mentira. Los delegados regionales dijeron que no tuvieron nada que ver, pero sí tuvieron que ver. Los criterios no vinieron de Buenos Aires, lo decidieron ellos con una lógica local a favor de los productores capitalizados. Uno viene de una construcción histórica con vínculos en el campo profundo, y de golpe alguien viene y sin hablar con vos te echa.”

Una muestra del menosprecio por los pequeños productores y del trabajo de los técnicos de la SAF en los territorios es el caso de Raúl Gorriti, un referente histórico en ese área y delegado de ATE. Trabajó para el ministerio durante 30 años en comunidades campesinas e indígenas. “Treinta años precarizado y me echaron como a un perro”, cuestionó.

Su nombre fue incluido en una lista de despedidos que también fue elaborada a base de aprietes. El director de Programas y Proyectos de la SAF, Walter Kunz, ordenó al coordinador provincial que elaborar un listado de técnicos a echar. Se negó por ser él también un pequeño productor. Lo echaron y lo reemplazaron por un productor yerbatero capitalizado, que finalmente armó la lista en cuestión.

Gorriti reveló el caso de la técnica Yamila R., que muestra la ferocidad con que se decidieron los despidos. “Es una compañera que tuvo un ACV luego de un caso de violencia laboral. Está de licencia y se estaba recuperando. Le llegó el telegrama igual.”

El despido de Gorriti “fue por discrecionalidad política”, denunció el delegado. “No pueden decir que no trabajó. Lo que pasa es que los que trabajamos con campesinos e indígenas somos ‘el palo en la rueda’. El año pasado, en una reunión, Kunz nos dijo que el problema era que somos ‘muy discutidores’”, relató. Por eso, él sostiene que los despidos de ahora “son para disciplinar a los trabajadores organizados e intentar hacernos creer que solo tenemos que ser mano de obra de los objetivos de las grandes empresas y el Gobierno”.

Ante estos hechos, la reacción de las comunidades no se hizo esperar. El Movimiento Nacional Campesino Indígena repudió los despidos masivos y los enmarcó en “el desguace del Estado y la pérdida de derechos de los sectores populares”. A través de un comunicado, advirtieron sobre “el retroceso” en ese área, que como consecuencia traerá “la regresión en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos”.

En el mismo sentido, la Red de Pequeños Productores y Comunidades de Pueblos Originarios de Misiones destacó que el “acompañamiento técnico de los trabajadores de la SAF del INTA y Senasa es fundamental para el fortalecimiento” de su trabajo, que hace un fuerte aporte “al desarrollo económico local, al arraigo en la zona, el cuidado del ambiente y la revalorización del trabajo en forma cooperativa”.