Todas las democracias sólidas y modernas tienen garantizados los derechos de los trabajadores en sus constituciones, buscando asegurar un salario digno, condiciones de trabajo y horarios aceptables y la libertad de agremiación para defender los derechos de quienes se desempeñan en relación de dependencia. La Constitución argentina.

Pero como todo derecho, no es absoluto. Es relativo y los límites son el bien común y los demás derechos de la comunidad que los trabajadores integran. Por tanto, esos derechos están reglamentados, y las medidas de fuerza, paros y manifestaciones deben ser un último recurso luego de sortear todas las instancias previstas en las leyes.

En Argentina con el correr de los años, los gremios se consolidaron como una estructura de poder, tanto o más fuertes que las estructuras formales del Estado, a tal punto que pueden condicionar a gobiernos democráticos. Su actuación excede la protección de los derechos de sus representados como lo indica su mandato formal, para usar su poder para militar en política, proponer candidaturas, presionar por pautas presupuestarias y orientar políticas públicas según sus conveniencias partidarias.

Esto es más evidente aun en los sindicatos en las órbitas vinculadas a la administración pública, empresas estatales y servicios públicos. El reciente paro prolongado del transporte de la Ciudad de Córdoba fue un ejemplo claro del pensamiento predominante de muchos gremios, no sólo el del gremio del transporte.

No fue un caso aislado de un grupo díscolo de sindicalistas locales. Esta metodología de apriete y coerción, con los usuarios como rehenes indefensos, se repite en todo el país. El largo conflicto docente originado en la Provincia de Buenos Aires es otra muestra de manipulación política gremial.

El estado de conflicto permanente que se manifiesta en la Municipalidad de Córdoba con su sindicato que castiga a usuarios de servicios municipales sin piedad integra la larga lista de abusos del rol que debe cumplir el gremialismo serio y responsable.

Pero estos abusos no hubiesen sido posible si por años no hubiesen existido acuerdos de toma y daca con el sector político y la tutela complaciente y silenciosa del sistema judicial. Si no sería inexplicable que los principales dirigentes de los mayores gremios a nivel nacional no tengan ningún pudor en exhibir bienes y estilos de vida imposibles de justificar con su actividad gremial. Se trasforman en empresarios y estancieros con capitales cuyo origen no puede ser otro que el uso en beneficio propio de los mandatos que les asignan sus representados. Se mantienen en el poder por décadas. Aunque haya elecciones, no hay renovación posible contra semejante despliegue de poder e impunidad.

Este entramado de intereses cruzados entre la política, los gremios y la Justicia es percibido desde el exterior como la corrupción estructural y endémica de Argentina. Un esquema que fija reglas de juego que luego afectan el rendimiento cuando deben modelizarse posibles inversiones y se las comparan haciendo la misma modelización en otros países. Argentina queda muy atrás, aun respecto de países de la región en Latinoamérica.

El costo laboral en Argentina es alto, pero no por los que los trabajadores reciben en sus bolsillos, sino porque todas estas “supuestas conquistas sindicales” hicieron que el costo impositivo, tanto para el empleador como para el trabajador, sea tan oneroso que empuja al trabajo en negro. Se suma a ello el riesgo de los juicios laborales fraudulentos y el consecuente impacto en los costos.

Aunque en términos periodísticos resulte más espectacular ver los bolsos de José López arrojados en un convento o los dólares de Lázaro Báez en la Rosadita o los hoteles atribuidos a la expresidenta Cristiana Fernández, desde el punto de vista de la corrupción eso resulta anecdótico. Es mucho más grave para quien tiene que arriesgar su capital para generar nuevos puestos de trabajo saber que el tándem gremios-política-Justicia forman un eje que prioriza sus intereses por sobre los de la comunidad.

Y esto no sólo es válido para las grandes empresas extranjeras que el presidente Mauricio Macri busca convencer en sus visitas a distintos países. El desaliento a la inversión también lo padece una pequeña empresa familiar. Su temor a tomar nuevos empleados es por la misma causa. Mas del 70 por ciento del empleo en el país es generado por Pyme. Son ellas las que harían descender el índice de desempleo para reducir los actuales niveles de pobreza e indigencia. Pero los desempleados no tienen gremios que los representen y a la corporación sindical eso no le interesa.