Los dirigentes, reunidos en la ciudad de Córdoba, rechazaron ese tope paritario y convocaron a una huelga nacional de dos días, a la vez que adhirieron al “paro activo y marchas de mujeres” del 8 de marzo con “la modalidad que cada asociación de base defina”.

El plenario se pronunció en demanda de un aumento salarial no inferior al 35 por ciento y ratificó que el haber inicial para el cargo testigo debe ser equivalente a la media canasta familiar.

También decidió el estado de asamblea permanente, alerta y movilización, y sostuvo que de no haber respuestas favorables a las demandas “se profundizarán las medidas desde el 20 de marzo”.

“Se perdió el salario real y hubo 400 mil despidos en los sectores privado y público como consecuencia de las políticas de flexibilización laboral de los gobiernos nacional y provinciales y las grandes patronales. Es preciso convocar a un paro general de todas las centrales obreras de forma inmediata”, puntualizó.

La Conadu Histórica también exigió el cumplimiento efectivo de los ítems adeudados del acta paritaria 2016 (garantía salarial, adicional a la dedicación exclusiva, ad honorem y contratados); la aplicación plena del convenio colectivo; la eliminación del impuesto a las ganancias; el cese de los despidos, suspensiones y la precarización laboral; el incremento del presupuesto; y la inmediata derogación de “la Ley de Educación Superior menemista”.