El Honorable Concejo Deliberante sumará su voz al de las diversas instituciones que ya alzaron las suyas para manifestar posiciones contrarias al desembarco de Farmacity al territorio de la provincia de Buenos Aires. Así se decidió este pasado viernes, cuando en sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que había sido presentado e impulsado por los concejales del bloque del Frente Renovador. La postura institucional será notificada a distintos estamentos: al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti; a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; al intendente municipal Manuel Passaglia; a los restantes 134 concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires (a fin de que “repliquen en su seno el presente proyecto en respaldo del sistema de salud provincial y del ejercicio profesional”); y al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

Resumida en una línea, la postura institucional consensuada y votada en el Concejo Deliberante de San Nicolás, es la que sigue: “El rechazo de este cuerpo legislativo a la posible vulneración de la Ley 10.606 ante la supuesta apertura de Farmacity en la provincia de Buenos Aires”.

La aludida normativa provincial es de corte sanitarista y concibe a la farmacia “como un servicio público y no como un comercio, que facilita el desarrollo y la extensión del servicio a todos los puntos de la provincia incluso aquellos que no son atractivos desde el punto de vista económico”, apuntaron los redactores de la iniciativa local entre las consideraciones que daban fundamento a la propuesta. 

Argumentos

A renglón seguido, destacaron que “en los últimos años se crearon más de 300 farmacias en la provincia, posibilitando la instalación de estas en lugares pequeños de la provincia de Buenos Aires, donde antes no había ninguna”, destacando asimismo que el marco de la Ley 10.606 “permite que muchos profesionales se radiquen en el interior provincial para llevar a todos los sitios el servicio de farmacia”.

Otra circunstancia de orden legislativo que indicaron los concejales antes de arremeter con los argumentos en contra del desembarco de Farmacity, tiene que ver con la decisión –en 2003- del Ministerio de Salud de la Nación de “profundizar el marco legal estableciendo que las farmacias sólo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, productos destinados a la higiene o estética”.

Después sí, llegaría la referencia crítica a “estas grandes cadenas de multi rubro, con licencia para la venta de medicamentos”, que –según entienden los concejales- “pretenden vulnerar el espíritu de la Ley 10.606”. Apuntaron asimismo que “aproximadamente el 40% de la facturación de estas grandes cadenas proviene de productos que no son medicamentos, situación ésta que también genera controversia con los kiosqueros y los mercados de barrio”.

“La preocupación de los farmacéuticos de nuestra ciudad y de la provincia de Buenos Aires no es menor. Desde el Colegio Profesional entienden que las leyes debatidas y aprobadas por consenso democrático en la legislatura bonaerense, y de probada efectividad en la práctica, no deben ser vulneradas por intereses personales y exclusivamente comerciales. Sin embargo, Mario Quintana, actual funcionario de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Mauricio Mari [y accionista del grupo que controla Farmacity], llevó adelante juicios que pretenden modificar lo que la Legislatura sancionó”, añade el texto del proyecto local aprobado.