La conciliación obligatoria, ¿devaluada?

En los últimos meses,algunos gremios la han ignorado sin sufrir consecuencias. Cuestionamientos para la autoridad laboral.
La conciliación obligatoria, el instrumento legal del Estado para sortear conflictos laborales y abrir instancias de diálogo, parece haberse devaluado en la práctica. La falta de acatamiento de algunos gremios a esa disposición, sin que exista sanción de la autoridad laboral, amenaza con neutralizar ese mecanismo clave.

“La conciliación está devaluada porque no se aplican las sanciones que la propia ley contiene”, evaluó Jorge Sappia, abogado laboralista, ex ministro de Trabajo y autor de la ley 7.565 que rige ese mecanismo laboral en la Provincia. (Ver "Si se aplicaran las sanciones, se cumpliría").

Con una óptica diferente, el actual ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Dragún, afirmó que “de ninguna manera puede considerársela un instituto devaluado”. Dijo que desde el inicio de su gestión recurrió a la conciliación obligatoria “en poco más de 12 oportunidades y en la abrumadora mayoría de los casos fue acatada por los sectores enfrentados”.

A través de ese instrumento las partes deben retrotraer la situación al punto previo al conflicto para abrir una etapa de conciliación, y suspender las medidas de acción directa hasta que se cumplan los plazos fijados por el Ministerio de Trabajo, para encontrar una solución a la disputa.

En Córdoba, hay dos casos emblemáticos en los que no fue acatada: dos huelgas realizadas este año por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en las que el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y, en una de ellas la ilegalidad de la medida, pero el gremio siguió adelante con el paro sin recibir sanción alguna.

Especialistas en la materia advierten que se fracasa porque las tres patas del sistema no cumplen con la legislación, lo que arroja la “tormenta perfecta”. El sindicato que va al paro no acata cuando se decreta la medida; la autoridad laboral no sanciona el incumplimiento y la patronal termina negociando con el gremio no descontar los días no trabajados y el sistema termina por derrumbarse.

Casos emblemáticos

En la primera semana de mayo, la UTA lanzó un paro del transporte urbano por el pago de una diferencia salarial y dejó de a pie a los usuarios de la Capital durante tres días. El gremio no acató la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo la primera jornada de paro. La cartera laboral declaró la ilegalidad de la medida pero la huelga continuó. No se aplicaron sanciones, pese a que lo establece la ley.

Para el secretario general de la UTA Córdoba, Alfredo Peñaloza, Trabajo se equivocó en decretar esa conciliación; y el hecho de que su gremio no haya sido sancionado demuestra que tuvieron “razón” (ver "Si no nos castigaron, es porque teníamos razón" ).

En aquella oportunidad, durante las negociaciones que llevó adelante Dragún se vivieron momentos de tensión cuando algunos choferes exaltados le reclamaron –a gritos– al ministro que debía defenderlos por su carácter de titular (en uso de licencia) de la CGT Unificada.

Precisamente la condición de Dragún como ex titular del Smata y secretario general de la central obrera es uno de los aspectos que algunos consideran controversial. Algunos laboralistas remarcan que Dragún “es juez y parte”.

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