Conflicto en el transporte público: Entre la conciliación y el cuestionado estudio de costos

Conflicto en el transporte público: Entre la conciliación y el cuestionado estudio de costos
Mientras la provincia intentó subsanar el conflicto cumpliendo con lo que marca la Constitución realizando una audiencia pública para determinar el valor del boleto, ahora los estudios de costos expuestos en esa oportunidad fueron objetados por la Defensoría del Pueblo del Chaco.
Paralelamente en lo que hace al transporte urbano, la baja del boleto es esgrimida por los empresarios como un escenario letal para el sostenimiento y luego de las advertencias de cese del servicio y la imposibilidad de afrontar los sueldos y aguinaldos, los trabajadores nucleados en la UTA amenazaron con medidas de fuerza, las que se levantaron por la convocatoria a conciliación obligatoria que se debe concretar hoy en la Dirección Provincial del Trabajo, y donde las posibilidades de solución son mínimas.

Hace menos de un mes la Uta fue a conciliación por las mismas advertencias de los empresarios sobre falta de recursos para pagar sueldos.

Está claro que en lo que hace al transporte hay dos frentes abiertos, por un lado el transporte interurbano donde la provincia tendría que fijar una nueva tarifa al realizar los pasos que le exige la ley, y por otro el transporte urbano donde la relación con el municipio cayó en desgracia y las promesas que hizo la provincia –con relación a subsidios- no se cumplieron.

Estudio de costos

Con relación a los números expuestos por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia durante la audiencia pública y en la cual se mostró que el boleto de colectivo debía estar en 3,88 pesos, la Defensoría del Pueblo hizo hacer un análisis minucioso de ese informe encontrando datos erróneos que distorsionan el cálculo arribándose a resultados que no reflejan la tarifa real. Por esta razón solicitó un recalculo al no poder determinarse si existe equilibrio entre la tarifa, los subsidios y beneficio percibido por las empresas.

Entre los cuestionamientos que se hicieron el primero de ellos es respecto a la metodología de cálculo y el valor fijado por la Subsecretaría de Transporte para la denominada “empresa tipo”. Si bien el promedio de unidades de una empresa tipo del Gran Resistencia es de 12 (130 vehículos dividido por 11 líneas), el organismo provincial estableció que este promedio es de 22 unidades, casi el doble. Esto modifica los valores de cálculo utilizados por la Subsecretaría de Transporte en cuanto a los parámetros de kilometraje anual recorrido y vida útil de la unidad.

También se cuestiona el costo de personal, donde se sacan cálculos con una base mayor de empleados a los informados, entre otros.

Otro ítem que cuestiona es el del “Costo de Gerenciamiento” el cual también presenta “diferencias metodológicas no sustentadas en fundamento lógico alguno”. “La Subsecretaría de Transporte de la Provincia aplica en forma directa un 6% sobre el costo básico de explotación del servicio, en tanto la metodología nacional excluye del costo básico los ítems de amortización y remuneración del capital y aplica una tasa de gerenciamiento diferenciada del 4% para el rubro personal y del 8% para el resto de los rubros”, señala.

De este modo se observa que “costo de gerenciamiento según calculado por la Subsecretaría de Transporte podría ser muy elevado” por lo que “debe revisarse el reconocimiento de la labor empresaria que realiza el estado”.

Como corolario de la aplicación de la metodología de cálculo, la Defensoría destaca que la técnica aplicada por la Nación realiza una verificación de los costos calculados a través de un sistema de ecuaciones de equilibrio que tiene en cuenta los subsidios aportados por el Estado. En el caso de los cálculos realizados por la Subsecretaría de Transporte de la provincia, la verificación de los costos a través de las ecuaciones de equilibrio del sistema “no se han realizado o no fueron abiertas al debate en la audiencia pública”.

A la espera

Mientras la provincia debe responder la recomendación de la Defensoría del Pueblo respecto al estudio de costos que habían presentado, también deberá presentarse en la conciliación obligatoria que podría afectarlos más allá de que los que amenazan con cortar el servicio son los empresarios del transporte urbano que es de jurisdicción municipal, pero los trabajadores nucleados a la UTA no hacen esa distinción y si hay medidas de fuerza podrían ser generales.

El empresario Carlos Sartore ya salió a advertir que de no haber solución este lunes, el mismo martes no estarían en condiciones de cumplir el servicio por la difícil situación económica que atravesarían como consecuencia de la reducción de ingresos que significó se retrotraiga el precio del boleto de 3,25 a 2,50 pesos.

Comentá la nota