Ni un tacho fuera del puerto”. Esta es la bandera que plantaron los trabajadores y juraron defender con todas sus fuerzas. Se rechaza la idea propuesta por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, en conjunto con la Aduana, de crear un puerto seco que funcione en paralelo en el Mercado Central y en la zona norte del conurbano bonaerense.

“Este Gobierno peronista jamás dejó a un trabajador en la calle”, le dijo Guillermo Moreno al secretario General del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria. En su defensa, el funcionario aseguró que el traslado de contenedores sólo sería a los fines de la verificación aduanera para exportación a través de su escaneo y puesta de precinto electrónico.

“Nosotros no nos oponemos al control aduanero. En un mundo cada vez más globalizado, este tema es fundamental. Lo que decimos es que en el puerto hay un predio de 16 hectáreas, que fue ganado con relleno de la terminal 6, y que se puede utilizar perfectamente para estos fines. No hay necesidad de salir de la égida portuaria cuando aquí hay una zona aún sin explotar”, dijo Coria a Transport & Cargo.

El ambiente está enrarecido en el puerto. Desde distintos frentes, se ataca a uno de los pocos nodos logísticos que aún funciona con eficiencia dentro del cada vez más trabado comercio exterior argentino. Los contenedores ingresan y salen por sus muelles. Los trabajadores no comprenden cómo el Gobierno obvia algo tan básico.

Es a todas luces ilógico que, teniendo el espacio disponible, se quiera sacar la carga del puerto para hacerla circular un promedio de 40 kilómetros por caminos que ya están saturados de tránsito. Y como siempre sucede en estos casos, el extra costo logístico terminará recargado sobre el consumidor de las mercaderías.

Plan de acción

Cuando las cargas se diversifican, se pierden puestos de trabajo. Si siguen avanzando con este proyecto de manera inconsulta y sin la participación de los trabajadores, vamos a actuar. Desde hace tiempo, participamos en las reuniones de los viernes de la Secretaría de Comercio, en donde se hablan las cuestiones de comercio exterior, y jamás nos plantearon este tema”, resaltó Coria.

Entre las medidas de fuerza en análisis, figura un paro de 24 horas con movilización, en el puerto y los depósitos fiscales durante los primeros días de octubre. Mientras tanto, ya se realizan asambleas para explicar la situación en detalle a los trabajadores

Otro gremio preocupado es el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). En la entidad calculan que más de 600 estibadores podrían perder sus empleos de prosperar la iniciativa.

En este confuso escenario, los concesionarios del Puerto de Buenos Aires, viven la incertidumbre ante el próximo vencimiento de sus contratos. Todos ellos están dispuestos a invertir millonarias sumas para actualizar la infraestructura ante los buques cada vez más grandes que recalan en sus muelles. Con probada eficiencia operativa y jerarquía de primer orden mundial, las terminales piden una extensión en el plazo de sus contratos que permitan amortizar los desembolsos planificados que, en conjunto, superan los u$s 500 millones.

Del otro lado del Riachuelo, bajo supuestos daños ecológicos, una ONG traba el dragado del canal de acceso al puerto de Exolgán para ampliar su ancho de solera y profundidad. Tras el rechazo de la demanda por la Justicia de primera instancia de Morón, la apelación llevó el caso a la Cámara Federal de San Martín, quien terminó girando el expediente a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Todos los expertos coinciden en que la solvencia técnica de la obra es impecable y no generará ningún inconveniente de tipo ambiental. Mientras tanto, el tiempo pasa y Exolgán ve limitadas sus operaciones y bloqueada una inversión que beneficiará al negocio naviero en su conjunto.