Por Diego Lanese

Con el ruido de la protesta callejera entrando por las ventanas, se reunió la semana pasada el Consejo del Salario, el organismo tripartito que decide -entre otras cuestiones- el mínimo, vital y móvil que rige para todo el país. Por segunda vez dese que Mauricio Macri es presidente, el encuentro de empresarios, gremios y funcionarios se desarrolló con una acalorada protesta de movimientos sociales y trabajadores informales que reclamaron en la puerta del Ministerio de Trabajo ser parte de la discusión, cosa que no sucedió.

En la mesa, la CGT y las dos CTA llevaban propuestas similares, que ubicaran el salario cerca de los 15 mil pesos, que, según sus estimaciones, es el valor de la canasta básica. Los empresarios llevaron una suba del 20 por ciento (similar al techo que quiere imponer el Gobierno en cada rama), dejando en 9.800 pesos el salario, contra los 8.060 actuales. Sin acuerdo, el Consejo se levantó y el Ministerio decidió una jugada riesgosa: cerró por decreto en 10 mil pesos, 200 más que la propuesta empresarial, y le abrió la puerta a protestas durante la campaña electoral.

La medida del gobierno de Macrigeneró malestar entre los dirigentes gremiales presentes en la discusión, que remarcaron que hasta ahora nunca se había producido un desacuerdo como este. La suba de poco más del 20 por ciento será efectiva recién el año que viene, lo cual generó una lluvia de críticas y advertencias de protestas, incluyendo un paro nacional. En este punto, la CGT fue más cauta y se mantiene al margen de la disputa.

Ambas CTA cerraron posturas luego de la decisión oficial. “Hay que llamar a una movilización nacional contra este atropello, es humillante llevar a 10 mil pesos el salario, 50 por ciento menos que la canasta básica”, le dijo a Política del Sur un dirigente alineado con estas centrales. Sobre quiénes se sumarían a la medida, el mismo dirigente: “Las dos CTA garantizarán la jornada, pero vamos a invitar a todos los sectores. Esperemos que la CGT se sume”.

En la sede de Azopardo, por estas horas, estudian los pasos a seguir. Golpeados por la falta de protagonismo en las listas electorales, los integrantes de la conducción esperan que se aclare el panorama. “No queremos que nos usen para la campaña”, afirman en la central obrera. Entre quienes piden una medida de fuerza están los más radicalizados contra el gobierno de Macri, como Pablo Moyano y la Corriente Federal. Estos últimos, que lograron meter dos candidatos a diputados nacionales en el Frente Ciudadano, alertaron que con este aumento “se condena a dos millones de trabajadores a la pobreza”. “Exigimos que, sin más dilaciones, se pongan en marcha acciones de resistencia a tanto atropello oligárquico”, afirmó el sector liderado por Sergio Palazzo.

En este sentido, una fuente del sector le confirmó a Política del Sur que le pedirán al triunvirato de la CGT que “llame a un confederal para votar la continuidad del plan de lucha del 7 de marzo, que fue suspendido por la falta de voluntad de la conducción”.

Hasta el momento, quienes son partidarios de una medida de fuerza son las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli y estos dos sectores de la CGT.

Los informales piden pista

La reunión del Consejo del Salario trajo como novedad el pedido de los trabajadores informales, que exigieron un lugar en la mesa de negociación. Parece sensato, ya que son los principales afectados por el salario mínimo, que marca una especie de “línea de floración” en la informalidad. Por eso, un centenar de organizaciones se movilizaron a la cartera laboral y expresaron su malestar. Por lo bajo, criticaron a los gremios, en especial a la CGT, que pese al acercamiento que se dio en este tiempo, no termina de incorporar al sector en sus reclamos. Según los datos,ese sector representa un tercio de la fuerza laboral argentina.

“Los trabajadores precarizados que no estamos contenidos por las estructuras sindicales necesitamos respuesta a los tarifazos, el aumento de la canasta básica, la precariedad del trabajo en nuestro país, que afecta a millones de varones y mujeres, a la ausencia de derechos básicos como la tierra, la vivienda y la salud”, expresaron las organizaciones en un documento difundido el día de la movilización.

Muchos de los integrantes de estos grupos, que forman el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) o el Movimiento Popular Darío Santillán, cobran planes de empleos que apenas superan los 4 mil pesos.

“La economía popular es ya difícil de ocultar. La realidad del país tiene varios millones de personas que hacen de la economía popular su sustento y es increíble que no se preste atención a la necesidad de que participemos en estos debates en estos momentos tan críticos con políticas tan antinacionales”, remarcaron desde la CTEP, que junto a Barrios de Pie y la CCC forman el “triunvirato social”, que viene trabajando para visibilizar los problemas del sector.

En este sentido, pese a que participaron en varias manifestaciones con la CGT, hay una distancia entre el movimiento obrero organizado y este sector, que por el momento parece no acortarse. En un momento, la central obrera dio algunos pasos para integrar a los precarizados y propuso, por ejemplo, que las regionales tuvieran una secretaría para la economía popular. Si bien esto se concretó en algunos distritos, quedó solamente en buenas intenciones.

Si bien hubo apoyo para el pedido de la declaración de la emergencia social, que entrega recursos a estas organizaciones, no hay todavía un trabajo conjunto. Con los despidos en aumento, la informalidad gana peso en el mosaico del trabajo argentino, y si no se logra una integración mayor -afirman- se puede abrir la puerta ya no a protestas callejeras, sino a una crisis social que a esta altura, con la economía estancada, no se puede dimensionar en su impacto.