El Gobierno invitó a las cinco centrales obreras a participar la semana que viene de la reunión del Consejo del Salario Mínimo. En esa instancia, tal como adelantó este diario, la administración de Mauricio Macri impulsará no sólo la suba del piso formal de ingresos, estimada en torno del 30% en dos tramos, sino también una actualización extraordinaria del subsidio por desempleo, para llevarlo de los actuales $ 400 a 3.000 pesos, y la presentación de su proyecto de ley de reforma integral del Impuesto a las Ganancias. 

La convocatoria fue hecha para el jueves de la semana próxima, desde la mañana, en el Ministerio de Trabajo. Irán 16 representantes por el sindicalismo y otro tanto por el sector empresario, en tanto que del Gobierno habrá funcionarios de las cartera laboral, de Producción y de Modernización. La novedad institucional es que se cursaron invitaciones para todas las centrales, cuando en los últimos años sólo había lugar para una de las versiones de la CGT y una de las CTA. 

La comitiva gremial estará compuesta por cuatro referentes de la CGT de Hugo Moyano y otros tantos de las filiales de Antonio Caló y de Luis Barrionuevo. En tanto que el Gobierno reservó dos sillas para la CTA de Hugo Yasky y otras dos para la de Pablo Micheli. 

La convocatoria saltea formalismos: la letra de la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, que garantiza el modelo argentino de monopolio de representación gremial, sólo habilitaría la inclusión en el debate de la única CGT reconocida oficialmente, es decir la de Caló. La administración de Cristina de Kirchnermantenía ese principio y sólo le cedía espacios a la CTA de Yasky (también afín a aquella gestión) por vía de una "concesión" de la CGT, pero dejaba al margen al resto de las centrales, más allá de su influencia relativa en cada etapa. 

El interrogante que abre la invitación múltiple es si servirá como argumento para quienes objetan la constitucionalidad de la Ley 23.551, que de hecho en los últimos años recibió severos cuestionamientos desde la Corte Suprema hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sería, en ese sentido, la primera vez que desde el Ejecutivo se institucionaliza la presencia de cuatro centrales no reconocidas plenamente en una institución como el Consejo del Salario. 

Por lo demás, el Gobierno da por hecho que manejará la discusión a su medida. En el caso del salario mínimo, que en la actualidad es de $ 6.060, prevé habilitar una suba en torno del 30% en dos etapas, de manera tal de llevar ese piso a un valor de alrededor de 8.000 pesos en el segundo tramo, hacia diciembre. El salario mínimo alcanza a apenas de 200 mil trabajadores no regidos por convenios colectivos, pero en teoría funciona como faro para otros asalariados, como los casos de los no registrados. 

La otra novedad será que, por primera vez desde que se reanudó el funcionamiento del Consejo en la década pasada, cumplirá con la actualización del subsidio por desempleo, que desde hace más de una década permanece congelado en 400 pesos. El Gobierno, como adelantó este diario, se propone llevarlo a un valor cercano a los 3.000 por entender que su vigencia servirá como herramienta de contención para despedidos en el primer semestre del año. Además, se habilitará que sus beneficiarios que son padres podrán en paralelo percibir la Asignación Universal por Hijo.

De paso, los funcionarios prometieron presentar los lineamientos del proyecto oficial de reforma de Ganancias, tanto de las escalas como de las deducciones y el mínimo no imponible, tal como Jorge Triaca les adelantó el lunes a los gremialistas que visitaron a Macri.