Consideran que es un avasallamiento a gremios

En conferencia de prensa, dirigentes de la CTA Jujuy, organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sindicales y sociales repudiaron la orden de detención dispuesta por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas contra dirigentes y asesores del Sindicato del Ingenio La Esperanza, por considerarla una expresa persecución política, empresarial y jurídica que busca callar a los trabajadores que luchan y defienden sus fuentes de trabajo.
El secretario general de CTA Jujuy, José del Frari afirmó que “la CTA y las organizaciones vamos a garantizar las acciones gremiales y jurídicas que sean necesarias para respaldar la protesta y el reclamo para que no atropellen ni se vulnere el derecho de los trabajadores”.

Serían dos los detenidos: Raúl Maigua y José Alvarez, el resto de la Comisión Directiva y los asesores legales se encontrarían bajo resguardo y contención. La CTA denunció que la jueza de Instrucción Pérez Rojas, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal 5 de San Pedro de Jujuy “es la misma que ordenara el brutal desalojo en tierras del Ingenio Ledesma y que se cobrara la vida de cuatro compañeros y provocara más de una decena de heridos. Esta jueza además, tiene una denuncia que solicita su destitución justamente por la causa que ordena la detención de toda la comisión directiva y de los asesores del sindicato del Ingenio La Esperanza”, señalaron.

Del Frari sostuvo que esta situación está enmarcada dentro de la Ley Antiterrorista, a través de la cual los jueces sacan fallos con bastante rapidez en contra de los trabajadores y dirigentes gremiales, pero el expediente del asesinato de los 4 compañeros no se mueve.

Fernando Acosta, secretario de Interior de CTA nacional ratificó que “repudian este avasallamiento, por eso ponemos de manifiesto que esta lucha va a continuar”. Aclaró que “con la sanción de la Ley antiterrorista los Gobiernos nacional y provincial, a través de la acción de la policía, los jueces y de las patotas, lo que hacen es privilegiar los negocios de los grupos económicos y castigar a los sectores populares perjudicados por esos negocios”.

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