El PRO va contra los metrodelegados

El gobierno PRO le pidió al Ministerio de Trabajo nacional que les quite la personería jurídica, mientras que fiscales que responden al macrismo abrieron una investigación penal en su contra. Roberto Pianelli advirtió que Macri busca que “vuelva el conflicto”.

Por Werner Pertot

“A por ellos, oe”, les faltó cantar. Tras los diez días de paro, el gobierno de Mauricio Macri inició una nueva escalada contra los metrodelegados. Los macristas le pidieron al Ministerio de Trabajo nacional que les quite la personería jurídica, mientras que uno de los fiscales contravencionales –que responden al fiscal general Germán Garavano– inició una investigación penal sobre supuestas coerciones a otros trabajadores del subte. El secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, rechazó la denuncia y consideró que Macri “está buscando que vuelva el conflicto, para seguir politizándolo”.

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que su gobierno le solicitó al Ministerio de Trabajo que “les quite la personería” a los metrodelegados. “Son medidas previstas ante el incumplimiento de los metrodelegados a la conciliación obligatoria”, advirtió. En rigor, no tienen personería gremial. A fin de este año recién cumplirán con el plazo previsto para poder solicitarla. Lo que la gestión PRO puede hacer es solicitar que no se la den o bien reclamar –como hizo en el fuero laboral– que le retiren la personería jurídica a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).

Tras una reunión de gabinete en el coqueto Campo de Golf de Palermo, Rodríguez Larreta recordó que sigue vigente la multa de casi cinco millones de pesos que se les aplicó a los metrodelegados. No obstante, insistió en que la Ciudad no debería haber intervenido para resolver el conflicto. “Tomada fue el que llamó a los gremios y la empresa, hace tres meses, cuando hubo el mismo problema”, argumentó contra el hecho de que los acuerdos de la UTA y los metrodelegados se firmaron en sede porteña.

Sincronizados con la gestión PRO, comenzaron a actuar los fiscales contravencionales que conduce Garavano, miembro de Unidos por la Justicia, una ONG que recibió al menos 450 mil pesos por asesoramiento al gobierno porteño. Garavano fue llevado a su cargo como jefe de los fiscales por el macrismo en un acuerdo con otras fuerzas políticas y probó su lealtad en los primeros días de la gestión de Macri, cuando salió a imputar a quienes cortaban calles. En el conflicto del subte, los fiscales volvieron a mostrarse afines al PRO. El fiscal adjunto, Luis Cevasco, inició una denuncia contra los metrodelegados por parar sin tener personería gremial.

A esto se sumó una denuncia de la empresa Metrovías, por supuesta coerción a otros trabajadores del subte, a los que se les habría impedido trabajar. La denuncia la recibió el fiscal penal, contravencional y de faltas Walter López y empezó a investigar la violación al artículo 69 del código contravencional, que prevé de dos a diez días de arresto y una multa de mil a cinco mil pesos a quien “afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos”.

Las fuentes judiciales que filtraron la denuncia de Metrovías consideraron que no aportó muchas pruebas para sustentarla, salvo señalar que había afiliados de la UTA que podían declarar contra los metrodelegados (se trata de dos gremios con un histórico enfrentamiento).

El fiscal López, de todas formas, le pidió a la empresa que detalle en qué estaciones se impidió trabajar y quiénes fueron los autores. También le solicitó a la Procuración porteña y a la Subsecretaría de Trabajo que aporten la documentación referida a las paritarias del subte. Luego, López se fue de viaje a Brasil, donde pensaba asistir a un seminario miércoles y jueves. Del viernes en adelante, aprovechó para tomarse vacaciones de la lluvia porteña. Estará de vuelta el lunes.

“Es una ofensiva del PRO contra nosotros”, interpretó Pianelli ante Página/12. “Evidentemente, el Gobierno de la Ciudad está buscando que se inicie nuevamente el conflicto. Saben que hay una paz muy precaria, que lo que se consiguió no resuelve ningún problema. Lo que quieren, evidentemente, es seguir politizándolo”, indicó.

“Ahora quieren judicializar la protesta, en una actitud corporativa con la empresa. Piden que nos quiten la personería y nos ponen una multa de cinco millones de pesos, para tratar de asfixiarnos. Incobrable, porque nunca vamos a ver ese dinero”, detalló el dirigente gremial, quien destacó que “es un invento lo de la coerción. Todos vieron como nos quedamos todas las noches. Si nos hubiéramos ido, seguramente hubieran hechos destrozos y nos hubieran culpado a nosotros”. Pianelli consideró que el jefe de Gobierno “actúa al mejor estilo menemista. Esto que dijo el ingeniero sobre que al subte hay que cerrarlo tres años me hizo acordar al ‘ramal que para, ramal que cierra’ de Menem”.

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