El Gobierno busca, por estas horas, desactivar una fuerte puja en Vaca Muerta. Se trata de la presión sindical para modificar el convenio de la actividad petrolera en la cuenca neuquina, con el foco puesto en el segundo mayor yacimiento no convencional del mundo, luego de la seguidilla de accidentes registrados la semana pasada y que ocasionaron una muerte fatal en Neuquén y derivaron en un paro de 24 horas.

Cuando todavía sigue a flor de piel el malestar en los pozos petroleros, los gremios exigen ahora aumentar la dotación mínima en fracking de 13 a 16 operarios, junto con una sustitución en toda la actividad del actual esquema de 14 días de trabajo y 7 de descanso (14x7) por uno de 6 de trabajo y 3 de descanso (6x3), además de la reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas.

Las demandas que apuntan a alivianar la carga de trabajo encendieron el alerta en las operadoras, cuyos directivos aseguran que tendrá un impacto directo sobre las inversiones y podría derivar en despidos, justo cuando el sector estrella de la economía busca incrementar las exportaciones de gas a Chile y volver a vender petróleo liviano al mundo.

Los sindicatos vinculan los accidentes con el supuesto relajamiento de las medidas de seguridad y las mayores exigencias de rendimiento.

El reclamo compromete también al acuerdo de Vaca Muerta firmado por Macri en enero de 2017, por el que los trabajadores cedieron beneficios laborales a cambio del compromiso de una lluvia de inversiones de u$s5.000 millones y obras de infraestructura.

En vistas de los renovados tironeos, el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, convocó este jueves a las 10.30 a la comisión de seguimiento de Vaca Muerta en la sede de Alem al 650, adonde asistirán directivos de YPF, Pan American Energy y Total por la parte empresaria. También, el titular del sindicato de gas y petrolero privado de La Pampa, Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra; y su par de jerárquicos, Manuel Arévalo, en representación de los sindicatos; y un representante de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) encabezada por Gustavo Morón, según confirmaron fuentes oficiales y privadas a iProfesional.

Esta será la primera reunión de la comisión creada para resolver eventuales controversias en el marco del acuerdo de Vaca Muerta, algo que nunca había ocurrido desde la suscripción de dicho convenio por parte de los propios sindicalistas.

"Si Pereyra modifica el convenio laboral, van a querer hacer lo mismo en otras provincias", se mostró preocupado el titular de la cámara de empresas de hidrocarburos (CEPH), Carlos Seijo.

Accidentes y polémica por un acuerdo

El escenario cambió por completo la semana pasada a partir de la muerte de Marcelino Samaja, de 45 años, por la explosión de una bomba de agua que manipulaba mientras realizaba sus tareas para la contratista Clear Petroleum, en el área Aguada del Chivato operada por Medanito.

El accidente fatal fue el primero del 2019 y el sexto en los últimos 12 meses en Neuquén. A lo que hay sumar los recientes casos de otros tres operarios heridos en un área operada por Exxon Mobil, en Vaca Muerta, donde uno de ellos perdió un dedo.

Ese cóctel terminó de encender la mecha del paro y motivó una inusual declaración de la CGT a la que tuvo acceso este medio, en la que la cúpula reclamó el jueves pasado medidas de seguridad a los empresarios y a la SRT, "obligada en la emergencia a revisar sus métodos y extremar sus actividades para controlar" a las ART.

De todos modos, el clima de mayor tensión se vivió el martes pasado en una reunión realizada a las 14 en la sede de la CEPH, de la que participaron además representantes de la cámara de operaciones de servicios especiales (CEOPE) y los dos titulares de los sindicatos, previo a audiencia que mantuvieron a las 15 con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

En ese primer encuentro sin funcionarios, Pereyra les exigió medidas urgentes para frenar los accidentes fatales en Neuquén y les dio un plazo de 10 días para elevar a 16 operarios la dotación del equipo de fractura en Vaca Muerta.

"Me cagaron, el acuerdo original decía una cosa y alguien cambió el número antes de que lo firmara", sorprendió Pereyra a los empresarios, quienes apreciaron que compartiera sus exabruptos a puertas cerradas.

La crítica apuntó al equipo del exministro de Energía Juan José Aranguren y a los técnicos de YPF que definieron la redacción final del entendimiento, en la que a último minuto habrían fijado sin el visto bueno del sindicalista un mínimo de 13 petroleros privados por turno para las operaciones de fracking, dos supervisores y un ingeniero "a los efectos de evitar una acumulación innecesaria (de equipos y personal) y permitir una operación más insuficiente", según reza el acuerdo de 35 páginas.

El senador nacional por Neuquén apuntó además contra el cronograma de trabajo vigente en toda la actividad por considerar que el sistema de 14 días consecutivos de trabajo en jornadas de 12 horas, expone a los petroleros a mayores riesgos de accidentes después del día 8. Su intención ahora es interponer tres jornadas de descanso cada seis de trabajo.

Empresarios, reticentes a los cambiosT

Durante el intercambio, los empresarios escucharon mayormente en silencio y se limitaron a reconocer el incremento de las tasas de accidentes laborales en la región, así como la ineficacia de la breve comisión de seguridad e higiene mixta lanzada el año pasado, que nunca llegó a elaborar el protocolo de recomendaciones.

Pero se mostraron reticentes a implementar un esquema de 6x3 que, según sus cálculos, forzaría a los trabajadores provenientes de otras provincias a viajar más seguido a Neuquén y encarecería los costos.

Más difícil de digerir les resultó el pedido del líder de los jerárquicos de reducir la jornada de 12 a 8 horas, sin afectar el salario. Una diferencia de cuatro horas que representa el 50% de la remuneración de un petrolero, en promedio de $144.000, por contener las horas extras y adicionales, mientras que la creación de un tercer turno implicaría un aumento del 30% de las dotaciones. 

"Es inviable, si baja el precio del crudo, tengo que despedir", reconoció a este medio el gerente de una importante petrolera.

La discusión sobre el régimen de trabajo volvió a sobrevolar durante la quinta reunión de la mesa de Vaca Muerta, en la que Lopetegui intentó bajar los decibeles en el arranque al manifestar su solidaridad con la familia del trabajador fallecido. "Ningún valor u objetivo puede anteponerse a la seguridad de las personas en el trabajo", aseguró.

Pereyra le advirtió sobre la necesidad de tener un programa "serio" de prevención, por lo que el secretario de Energía acordó la incorporación de la SRT a dicho espacio para trabajar en planes de trabajo. El sindicalista denunció además maltratos de los supervisores de Exxon. 

En ese escenario de cruces y descontento sindical, Aparicio intentará este jueves calmar los ánimos, aunque tampoco se descarta la aplicación de multas a las aseguradoras de riesgos –entre ellas Prevención ART- y a las empresas involucradas. "Vamos a esperar el informe de la ART para ver las causas del accidente", se limitaron a responder fuentes del Gobierno.

El sistema de riesgos del trabajo establece que la SRT, bajo la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo, es la encargada de controlar a las aseguradoras y garantizar el cumplimiento de las normas en salud y seguridad laboral, hoy a través de las Secretarías de Trabajo provinciales que son, en la práctica, las encargadas de realizar inspecciones y multar a los empleadores en ese territorio.

Al menos así ocurre desde la reestructuración iniciada en 2017 que incluyó despidos masivos, la disolución de áreas y el corrimiento del organismo central de su poder de policía que le permitía sancionar a las empresas en jurisdicción nacional, entre ellas las de transporte público, servicios públicos y bienes comunes, como así también a las de la industria minera y petrolera.