Frente al nuevo paradigma que presenta la transición justa, el sindicato de los petroleros de YPF, Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (Supeh), firmó un convenio que ellos mismos definen “de vanguardia”. Así lo describió, casi un año atrás, su titular Antonio Cassia: “Por primera vez, en América latina, los trabajadores estarán directamente involucrados en la preservación del ambiente a través de los delegados que estarán ‘asumiendo un rol activo en lo que respecta al medioambiente, con la finalidad de garantizar un desarrollo sostenible’”.

Según el texto, se considera necesario enmarcar nuevas funciones en la figura del delegado del personal, que no solo abarquen las leyes laborales de seguridad e higiene y el cumplimiento del convenio colectivo, sino que también asuma un rol activo en relación al medioambiente, para así garantizar un desarrollo sostenible –entendiendo como tal al desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación actual, sin restar capacidad a las generaciones futuras para satisfacer las suyas–.

Así, las tareas del delegado también deben enfocarse, de acuerdo al Artículo 111 del convenio, en cuestiones como: controlar el cumplimiento de la legislación en materia de medioambiente; seguir la reducción de los consumos de materias primas, recursos naturales y energía; fomentar la industria de la recuperación y el reciclaje; y la difusión entre los trabajadores de información en materia medioambiente.

Una visión legal El abogado y director del área de Derecho del Trabajo de Plan A, Juan Carlos Cerutti, califica de “novedoso” el acuerdo en ciertos aspectos. Por un lado, resalta que, desde el inicio, no hace diferencias de género –”cuando decide que la palabra ‘trabajador’ o ‘empleado’ será usada para todos los géneros”-, además de que “define parámetros de igualdad, tanto en búsqueda de empleo como en el trato cotidiano en la empresa”. También, señala, introduce conceptos como “trabajo remoto”, además del tema adicciones. “Es relevante que se hable y se hagan acciones en este tipo de empleo que tiene gran número de trabajadores con problemas de adicción. Asimismo, todas las tareas tienen algún contenido de riesgo, si se realiza con las facultades mentales alteradas por alcohol o drogas o psicofármacos no recetados”, dice Cerutti.

En cuanto a lo medioambiental, el abogado destaca que el delegado deba ocuparse de ver si la empresa lo daña o no. “Si bien esto llevará un tiempo para su aprendizaje, esto también lo prevé el CCT, ya que fomenta la capacitación por parte de la empresa a los delegados”, aclara. Y considera: “Es importante que se entienda que deben aprender, capacitarse, para ejercer su función, que no es su opinión, sino lo que puede aprender sobre la materia y que en una industria tan dañina para el medioambiente, haya una reconvención al respecto”.

En este mismo sentido es que el director del área de Derecho del Trabajo de Plan A subraya: “Es muy saludable la definición que hacen de ‘cuidado del medioambiente’, entendiendo como tal al desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación actual, sin restar capacidad a las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.

El movimiento sindical y el cambio climático Las propuestas de la Confederación Sindical Internacional para concretar la transición justa: 􀁺 Hacer realidad las oportunidades verdes: Se necesitan inversiones para formular políticas industriales sostenibles, dirigidas a conservar y crear empleos decentes, “verdes” y sostenibles.

Punto de partida: La investigación y evaluación temprana de las repercusiones sociales y sobre el empleo son imprescindibles.

El diálogo, clave: Los gobiernos deben fomentar la participación formal e institucionalizada de las organizaciones sindicales, los empleadores y las comunidades.

Capacitar: Los empleados deben ser formados en los procesos, para absorber y desarrollar nuevas tecnologías y aprovechar el potencial de las inversiones verdes.

Es una cuestión de protección: “La vulnerabilidad puede ser un motivo de resistencia a apoyar el cambio. Los planes de protección social, incluidas las políticas activas del mercado de trabajo son fundamentales para velar por la justicia a la hora de la transición”.

No existe un patrón único: Cada región y comunidad en situación de riesgo requiere “su propio plan de diversificación económica”.