Luego de la manifestación de los gobernadores para que la coparticipación de discuta en el congreso y no en la justicia, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que "lo más coherente es suspender el juicio que inició la Provincia de Buenos Aires y someter la cuestión a otros Pactos Fiscales futuros", también alertó por la posibilidad de que la CSJN dicte un amparo beneficiando al gobierno de María Eugenia Vidal.

Además, afirmó que "no solo que las provincias no podemos resignar un solo peso más, sino que al menos tenemos que recuperar los niveles de coparticipación establecidos en la ley 23.548".

El letrado realizó un repaso por la evolución del sistema de coparticipación, desde 1988, cuando se dictó la ley 23548 que establece una distribución del 42,34 por ciento de los impuestos coparticipables para la Nación, y el 54,66 por ciento, para las provincias.

"Sin embargo, a través de sucesivos Pactos Fiscales y leyes de asignación específica, las Provincias resignaron recursos, sobre todo para financiar el ANSES. Al final de este proceso, que lleva 25 años, las provincias, en vez del 54,66 por ciento, reciben alrededor del 34 por ciento. Además, a comienzos de los 90 se transfirieron competencias de la nación a las provincias, por ejemplo los servicios educativos de nivel secundario", remarcó Rodríguez Signes.

En esa línea, el Fiscal de Estado comparó los resultados y explicó que "al cabo de todo este período, mientras el ANSES llegó a convertirse en superavitario, las provincias tenemos graves problemas para financiar nuestros presupuestos y cumplir con las funciones de educación, seguridad, salud, administración de justicia, protección del ambiente y promoción de las economías regionales".

Por otro lado, Rodríguez Signes recordó que "el 23 de mayo de 2016 celebramos un convenio con la Nación que comenzó a revertir lentamente ese proceso", y en donde el gobierno nacional "se comprometió a devolver progresivamente una de las tantas detracciones de recursos que sufrimos, como lo era el 15 por ciento de coparticipación que se resta a las provincias y se suma al ANSES".

"Sin embargo, con la demanda de la provincia de Buenos Aires con relación al Fondo del Conurbano bonaerense, se pretende que las otras 22 provincias resignemos alrededor de 53.000 millones de pesos por año, y se nos reclama un retroactivo de alrededor de 300.000 millones de pesos, algo que es imposible de admitir", alertó el funcionario de Gustavo Bordet.

"Hay una situación muy seria. Realmente, hoy, ninguna provincia argentina está en condiciones de seguir cediendo un peso más de la coparticipación", agregó el Fiscal de Estado, y subrayó: "no se puede hablar seriamente de reforma tributaria si todas las controversias se plantean en el ámbito del Poder Judicial. El ámbito propicio y necesario es el Congreso de la Nación Argentina y los gobiernos provinciales y nacional".

No obstante, el funcionario adelantó que "en la medida que se continúe con el juicio iniciado por la Provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a ejercer todas las defensas en el marco de ese juicio y a lo mejor promovemos otras acciones vinculadas a la coparticipación, porque no estamos dispuestos a resignar un solo peso".