El pacto fiscal que firmó Alfredo Cornejo (junto al resto de los gobernadores) con el presidente, Mauricio Macri, con los gobernadores, obligará a modificar el presupuesto provincial y la ley Impositiva.

 

La aplicación del acuerdo implica cambios progresivos en las alícuotas de dos impuestos fundamentales para las cuentas públicas (Ingresos Brutos y Sellos) y consecuentemente variará la recaudación tributaria propia de Mendoza.

 

Este año, hasta el 31 de octubre, Ingresos Brutos aportó a las arcas del Estado provincial 13.366 millones de pesos y Sellos, 2.258 millones. 

 

Representan, sumados,  el 86% de la recaudación tributaria provincial (Automotor e Inmobiliario suman los restantes 14 puntos), el 55% del total de los recursos corrientes de origen provincial y el 29,5% del total de ingresos corrientes de Mendoza.

 

La reducción de la alícuota de Sellos no se aplicará totalmente en 2018, sino que será progresiva y se prevé la eliminación total a partir del 1 de enero de 2022. 

 

En el caso de Ingresos Brutos, variará de acuerdo al rubro. Así, habrá reducción paulatina y finalmente eliminación del gravamen para las actividades productivas (primarias y secundarias), desde ahora hasta 2022, según el caso.

 

La actividad agrícola ya tiene tasa 0 en la provincia, por lo que el cronograma firmado, que prevé que no tribute más desde el 1 de enero de 2020, puede darse por cumplido desde ahora.

 

También habrá bajas progresivas en algunos sectores (como telefonía celular y servicios financieros), sin eliminación. Y finalmente se observa que sube el tope  para actividades comerciales, que hoy en Mendoza tiene como alícuota general el 4% pero podría subir a 5% si se siguiera el acuerdo al pie de la letra.

 

Desde el Gobierno provincial, ayer dijeron que el pacto fija máximos, pero no implica que obligue a subir en el caso de los comercios, algo descartado por ahora.

 

Con el nuevo esquema, dejaría de estar gravada toda la cadena, como ocurre ahora, y el tributo permanecería sólo en el último eslabón.

 

A la Legislatura

 

El pacto debe cumplir un paso clave antes de aplicarse: su aprobación por parte del Congreso nacional y de las legislaturas de las 23 provincias que han adherido (sólo San Luis se negó a firmar).

 

Desde la firma (el jueves), Cornejo tiene 30 días para enviar el texto para su autorización a la Legislatura, que ya transita el período extraordinario de sesiones. 

 

Se estima que, debido a que cuenta con la mayoría en ambas cámaras, siempre y cuando no se le retobe alguno de los legisladores propios (como pasó con Soto y Ferrer el martes pasado en el Senado) o aliados (como ha sucedido más de una vez con el gremialista Guillermo Pereyra), el Gobernador logrará la aprobación.

 

El ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, dijo el viernes que esperan contar con el pacto fiscal aprobado antes de que termine el año, poniéndole plazos al Congreso.

 

Aunque Macri quiere tenerlo antes del 10 de diciembre, cuando asumirá como senadora Cristina Kirchner.

 

En Mendoza, el tratamiento legislativo del pacto fiscal será posterior a la aprobación de Impositiva, que ocurriría mañana si se cumplen los deseos del oficialismo, tras el frustrado “súpermartes” de la semana pasada.

 

También figura antes en la agenda el Presupuesto 2018, que ya es analizado en la Legislatura y se estima que tendrá como principal obstáculo el endeudamiento que solicita el Ejecutivo. Este punto necesita el voto de dos tercios de ambas cámaras, por lo que no saldrá sin apoyo de al menos parte del PJ.

 

El acuerdo fiscal con la Nación se trataría después y una vez que esté firme obligaría a  hacer modificaciones, como ya se dijo, en Impositiva y el Presupuesto.

 

 

 

Bono nacional: llegarán 6.900 millones en 11 años

 

Para Mendoza, el pacto implica además que acepta desistir de dos juicios iniciados a la Nación a cambio de recibir compensaciones con bonos a pagarse en once años, arrancando en 2018 con el equivalente a 316 millones de pesos y el resto, en 10 cuotas anuales de 659 millones de pesos, actualizadas por inflación. 

 

La suma de esos bonos  da 6.900 millones de pesos. Inicialmente se había hablado de 5.250 millones, pero no se había tenido en cuenta que en el reparto entre las provincias del monto total prometido por la Nación están excluidas las de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis, por lo que  hay más dinero para el resto.  

 

La Provincia reclamaba unos 8.000 millones de pesos sólo por la demanda que inició en la Corte Suprema contra el Estado nacional para que se le reintegre el 15% de coparticipación anual que era destinado a la Anses y el 1,9% que se retenía para la AFIP. 

 

El segundo de los juicios iniciados por la provincia a la Nación es por más fondos de la coparticipación federal. Entre 1999 y 2003, los recursos que venían desde la Rosada representaban hasta el 45% del total de los ingresos de la provincia; ahora, no llega al 30%. 

 

Después de Buenos Aires, Mendoza es la segunda provincia más afectada por la  coparticipación, por lo que Cornejo volvió a pedir ante Macri y el resto de los gobernadores comenzar el debate por un nuevo sistema distributivo. 

 

El reclamo de Cornejo tuvo eco: se acordó consensuar una nueva ley de coparticipación que esté basada en las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, contemple criterios objetivos de reparto y logre las metas de solidaridad y equidad. 

 

La resistencia inicial de los gobernadores a aceptar el texto tal como lo había escrito el Gobierno nacional produjo ruidos en el mundo político.

Según publicó el viernes el diario La Nación, “el Gobierno nacional cree que hay alguien de Cambiemos detrás de esa negativa y es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo”.

 

El mendocino se resistió a que el pacto se tratara sólo de ceder recursos a la bonaerense María Eugenia Vidal y de hacerle bajar impuestos al resto, y exigió una compensación para las provincias.

 

Así, tras una áspera negociación que al promediar la semana parecía ir hacia el naufragio, Macri y los gobernadores pusieron el jueves la firma el entendimiento que demandará la modificación de varias leyes entre diciembre y junio de 2018.