Si el procedimiento se abre, el Correo quedaría incluso habilitado a postergar el pago de las recomposiciones salariales pactadas en paritarias.

 La solicitud, presentada sigilosamente el 22 de diciembre y todavía no notificada a los gremios postales por el Ministerio que conduce Jorge Triaca, está contenida en un escrito de 16 páginas al que accedió BAE Negocios y en un anexo de otras 270 hojas donde se detallan las penurias financieras del Correo. Sus balances arrojan pérdidas desde 2009, pero su situación se agravó dramáticamente en 2016. De un déficit de 366 millones de pesos en 2013 saltó a un rojo de 2.273 millones en 2016. Como porcentaje de sus ingresos, las pérdidas pasaron del 5% en 2013 al 11% en 2015 y se dispararon al 27% en 2016.

Con la firma de un apoderado, Ricardo Pacífico, pero por orden directa de su flamante presidente, Luis Freixas Pinto, el Correo solicitó que se lo habilite a no pagar la última cuota de la paritaria 2017, que se abra la puerta a "reestructuraciones" de áreas poco rentables, que no se abonen más las licencias gremiales de los delegados y que se deje de girar a los gremios postales un "aporte solidario" del 7,5% de la nómina salarial.

La empresa advirtió que “todas las actividades que se desarrollen y no generen valor agregado cesarán” una vez que se abra el esquema de crisis. Y avisó también que “reformulará la forma de cumplir con la jornada semanal de 42 horas, impulsando que la misma se pueda extender de lunes a sábado como originalmente se permitía”.

El procedimiento preventivo de crisis debe ser avalado por los gremios postales (AATRAC, FOECYT, FEJEPROC y FOECOP), pero la decisión estará condicionada por un contexto de crisis de todo el sector y amenazas de despidos. El nuevo presidente del Correo, un ex Autopistas del Sol que recomendó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, vino a reemplazar a Jorge Irigoin, quien ya había trabajado allí durante la fallida gestión del grupo Macri. Ambos hablaron en reiteradas ocasiones del “sobredimensionamiento” del Correo, que tiene unos 17.000 empleados.

La gestión privada de SOCMA, que encabezó personalmente antes de su salto a la política el mismísimo presidente Mauricio Macri, dejó debiéndole al Estado cánones por 296 millones de dólares, unos 5.800 millones de pesos al tipo de cambio de hoy. Por eso la concesión fue revocada en 2004. El concurso de acreedores de Correo Argentino (la privatizada que operó durante aquellos años) sigue abierto y fue eje de un escándalo el año pasado, cuando el Ministerio de Comunicaciones aceptó un plan de pagos de la deuda que equivalía a una condonación. La decisión fue apelada por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín.

En la presentación ante Trabajo, el Correo aduce que “desde 2012, los volúmenes postales cayeron 32% y la dotación de personal creció 4%”. Y habla de una crisis mundial del negocio, con ejemplos como el de La Poste (Francia), que echó 9.000 empleados entre 2012 y 2013, o el US Post, que trata de reconvertirse en un servicio de paquetería como ya lo hizo el Deutsche Post con su rama logística DHL. “El principal problema que han experimentado esos correos es que no han conseguido ser lo suficientemente rápidos como necesitan las empresas de e-commerce ni han sabido adaptarse a las variadas demandas del comercio electrónico”, dice el texto.

La presentación también menciona la debacle de OCA, su principal competidora privada, que pidió entrar en concurso de acreedores. Fuentes oficiales y sindicales coinciden en que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, diseñó un plan de rescate de OCA con participación del Correo una vez que ambas estructuras se ajusten para volver a dar ganancias y una vez que hayan reconvertido al grueso de su personal del servicio postal a la entrega de paquetes.