En rigor, la Corte Suprema ya había dictado un fallo previo (17-6-2014) en el sentido de que dichos aportes no podían ser ejecutados por vía de apremio, y dispuso que se dicte nueva sentencia en tal sentido. La Sala VII desoyó el mandato de la Corte y volvió a dictar fallo en el mismo sentido que había sido rechazado por el más Alto Tribunal.

Recordemos que la vía de apremio permite emitir al sindicato un certificado de deuda y embargar al empleador que no realizó los aportes, procedimiento que admite además muy pocas defensas por parte de la empresa ejecutada.

El fundamento legal se encuentra en la Ley 24.642 según la cual los créditos de las asociaciones sindicales originados en la obligación del empleador de actuar como agente de retención de las cuotas o contribuciones que deban abonar los trabajadores afiliados, y solo de los trabajadores afiliados, se pueden reclamar por vía de apremio.

Por ende, los aportes de los trabajadores no afiliadosno están alcanzados por los beneficios de la norma. Insólitamente, reiteramos, la Sala VII de la Cámara del Trabajo, que debía dictar nueva sentencia en orden a lo dispuesto por la Corte, volvió al criterio que había sido objeto de cuestionamiento y rechazo por el más Alto Tribunal. Ante un nuevo recurso, la Corte ratificó que los aportes solidarios que se aplican sobre los trabajadores no afiliados no pueden ser objetivo del procedimiento especial de apremio.

Ya existían fallos que rechazaban la cuota solidaria, al expresar por ejemplo que el hecho de que el art. 53 del CCT 168/75 se tratar del único artículo del convenio que establece una retención sobre la remuneración mensual de los trabajadores, lleva a concluir que la voluntad de las partes colectivas fue fijar la contribución a aportar por los afiliados al sindicato, pues, lo contrario implicaría admitir que se impuso una retención por igual tanto a trabajadores afiliados como a no afiliados en claro desmedro al derecho a la libertad sindical en su faceta negativa, por constituir un supuesto de "afiliación compulsiva".

En otros fallos fueron más allá, en efecto, se consideró irrazonable la contribución impuesta a los no afiliados en el artículo 41.2 del CCT 462/06, en tanto no se había demostrado que realmente su producido se aplicara a solventar servicios que resulten ajenos al mero beneficio obtenido por la gestión negocial, y su incidencia económica no resulta ser ostensiblemente disímil a la que asumieran quienes voluntariamente se afiliaron al sindicato con otras expectativas, posibilidades, derechos, ventajas y/o beneficios. (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, 13/05/2014, Vaccaro, Maximiliano Gabriel y otros c. Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles Utedyc s/ acción decl.,DT 2014 (septiembre), DJ 01/10/2014 , 69 AR/JUR/30427/2014).

Si bien este tema tiene origen procesal y ligado al derecho de defensa, en rigor se trata de una cuestión de fondo. En efecto, la ley garantiza al trabajador el derecho a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, en el ámbito de la libertad sindical individual. Solo si el trabajador se encuentra afiliado corresponde descontarle del salario su cuota de afiliación, operando el empleador como agente de retención. En tal condición es el empleador el deudor frente al sindicato al actuar como recaudador a través de la retención salarial de la cuota de afiliación.

Para muchos la cuota de solidaridad impuesta en un acuerdo entre el sindicato y la representación empresaria que impone una retención a los trabajadores no afiliados constituye una violación constitucional al derecho esencial de libertad sindical individual y colectiva. Para la opinión contraria, la cuota de solidaridad suple con un aporte menor y con plazo predeterminado, a la cuota de afiliación por haber sido el trabajador beneficiario de los contenidos de la negociación colectiva promovida por el sindicato representativo.

En definitiva, a quienes no desean afiliarse, se les impone igual un aporte retenido del salario del trabajador, cuando resulta claro que el trabajador no desea afiliarse ni tiene vocación por hacer aportes a su sindicato.

El fallo se inscribe en un marco razonable de la seguridad jurídica que debería existir frente a los sistemáticos y crecientes reclamos del sector sindical por mayores aportes y contribuciones al gremio y a las obras sociales, cuya representatividad y servicios están en plena crisis.