En este tenor la Corte Suprema desarrolló una audiencia pública que incluyó a siete expositores bajo la figura del “amicus curiae” (amigos del tribunal) que se refirieron al tema. Cumplidos esas intervenciones ocuparon el estrado, frente al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el representante de la empresa Correo Argentino y el abogado de un trabajador despedido de esa compañía, litigio que promovió la audiencia de alto voltaje e interés para las cinco centrales obreras del país y el fuero laboral. Ausentes las CGT de Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la exposición sindical se cifró en las dos CTA. Por la de Hugo Yasky el orador fue el laboralista Alejandro Ferrari y por la Autónoma, su secretario general, Pablo Micheli. Si bien no definió acordada, sentencia u otro instrumento a la hora de los argumentos de los litigantes, las intervenciones de los tres jueces marcaron tendencia. Cuando el letrado del Correo, Horacio Desimone se refirió al despido del trabajador Francisco Orellano, Lorenzetti lo interrogó sobre la potestad de las medidas de fuerza. El representante de la empresa aceptó que tal atribución “es menester” de los trabajadores, si bien consideró que “por las reuniones constantes del personal” de la planta de Monte Grande, “único lugar en conflicto” según precisó, y las demoras del servicio, el Correo debió contratar a un centenar de empleados temporarios. Esa tardanza, precisó, “ocasionó la pérdida de contratos con otras empresas”.

La aceptación de Orellano y algunas intervenciones de Lorenzetti promovieron el aplauso de varios dirigentes del gremio ATE y trabajadores del Correo que presenciaron las exposiciones. El presidente de la Corte tuvo que pedir silencio y recato, sorprendido por las manifestaciones de los asistentes.

El abogado de Orellano, Matías Cremonte, replicó que “sólo durante tres días se reunieron los trabajadores, una hora por turno y sin la convocatoria de los sindicatos”. Los jueces, repasando las alternativas de la causa, avanzaron en la consulta/hipótesis sobre el defensor consideraba que había existido “discriminación” contra su defendido, ya que Orellano estaba afiliado a uno de los sindicatos que conviven en la órbita del Correo. Cremonte puntualizó que “el derecho de reunión es más amplio que el de huelga, incluso para la Ley de Asociaciones Sindicales‘.

Por los “amigos del tribunal” disertaron el director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia (ver recuadro); el titular de ATE, Julio Fuentes, y el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek. Este último apuntó que respecto de la actitud empresaria frente al respeto de la legislación laboral, podía ofrecer el testimonio de más de mil empresas que fueron sancionadas por el ministerio de Trabajo en virtud de incumplimientos en relación a la normativa sobre regularización de empleo “y sólo una de ellas abonó la multa correspondiente”.

También participaron el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja y la letrada de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante

Sólo Funes de Rioja reinvindicó que el derecho a huelga le asiste a las organizaciones con personería gremial, como lo establece la Constitución Nacional según sostuvo, a la vez que negó que la legislación laboral internacional lo cercene.

Sorpresa y ánimo festivo en las fi las de las dos CTA

Los dirigentes de ATE, las entidades colegiadas de laboralistas y ambas CTA admitieron su “marcada sorpresa” por el tenor que los jueces de la Corte imprimieron en el intercambio con los representantes del Correo y el trabajador despedido. El litigio, caso testigo del “alerta rojo” que hace años encendió el “sindcialismo tradicional”, tiene aristas semejantes a la ley Mucci, con la cual Raúl Alfonsín intentó, sin éxito, avanzar hacia una “democratización sindical” en 1984. Casi en “localía” la esfera sindical presente en la Corte intercambió abrazos al término de la audiencia. El último expositor fue Alejandro Ferrari (CTA Yasky) que cerró su reflexión apuntando que “para resolver el fondo de la cuestión podría hasta prescindirse de ponderar la legitimidad de la adopción de la medida de fuerza en función del sujeto que la dispuso, en tanto la libertad sindical individual en sentido positivo, habilita al trabajador a adherir a una huelga, sin que ello pueda configurar injuria laboral en virtud de quien haya dispuesto aquélla”.

Ocasión de reparar contradicciones

“El derecho a huelga puede considerarse como la madre de muchas batallas”, reseñó ante la Corte el laboralista Ricardo Cornaglia, director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata.

En 1983 Cornaglia fue diputado nacional por la UCR, presidió la comisión de Trabajo y Seguridad Social. Ocasión en la que recordó que esa época protagonizó un debate que comenzó con la ley antidiscriminaria por iniciativa del entonces presidente Raúl Alfonsín. Dentro de su refl exión el abogado consideró que la Corte tiene la oportunidad de “reparar el hecho discriminatorio” e histórico para los trabajadores en cuanto a la potestad de la huelga.