En varias notas recientes en Infobae he tratado de sumar el enfoque económico al análisis de las decisiones sanitarias para el combate a la pandemia. He argumentado sobre la razonabilidad de un aislamiento estricto al inicio de la pandemia –para ganar tiempo, achatar la curva de contagios y preparar al sistema sanitario, mientras que se organizara una salida hacia una nueva normalidad con énfasis en la focalización de los controles en actividades y personas de mayor riesgo de contagio y mayores costos en caso de contagios–, distinguiendo entre un control inicial ex-ante (sin saber quién está o no contagiado, que incluye la cuarentena) vs un control posterior ex-post (identificando y aislando nuevos contagios y sus contactos recientes, medidas de higiene, límites a las aglomeraciones, etc.).

En ese contexto, la persistencia de un fuerte aislamiento social en el AMBA, durante más de 4 meses, representa a mi juicio una falencia que se agrava cada día por cuanto los costos económicos, sociales, emocionales, políticos y hasta de salud futura se vuelven desproporcionadamente grandes. Más aún, mantener una cuarentena hasta la aparición de una vacuna o un tratamiento altamente efectivo (que podrían demorarse varios meses o años), dada la posibilidad cierta de que la primavera no traiga consigo el alivio típico de otros virus (como se desprende de los rebrotes en estados del sur de EE.UU.), luce impracticable.

Así, mientras ello no signifique arriesgar un colapso del sistema sanitario, lo más razonable parece intentar un cambio de estrategia, avanzando hacia el control ex–post antes mencionado. Pero, ¿cuánto tiempo hay para tal experimento? ¿A qué distancia (en días) estamos de agotar la capacidad de atención crítica (simplificadamente expresada por la cantidad de Unidades de Cuidado Intensivo –UCI)? Distintas proyecciones –muchas veces referidas oralmente por distintas autoridades sanitarias y especialistas del país, desde hace varias semanas– parecen indicar que de mantenerse la evolución actual del virus en el AMBA quedan pocas semanas hasta dicho “colapso”. Frente al miedo a que ello ocurra, ingresamos en una “cuarentena reforzada” entre el 1 y el 17 de julio.

Pero, ¿Cómo se realizan esas proyecciones de agotamiento de UCI? ¿Contienen supuestos razonables, basados en los datos disponibles? ¿O son vehículos –accidentales o no– para torcer las decisiones sanitarias explotando el miedo al colapso y la falta de tiempo para intentar algo distinto?

 Las referencias a una alta y creciente ocupación de las UCI, a que el 5% de los contagios requerirán internación en UCI cuya duración promedio superará los 20 días, sin cifras o fuentes concretas al respecto, ha sido un clásico

El Ministerio de Salud de la Nación ha mejorado recientemente la información que hace pública de manera diaria con el fin de realizar estos cálculos. Hasta hace un par de semanas circulaban por los medios periodísticos distintas cifras sobre la cantidad de UCI en las distintas jurisdicciones del país y la ocupación de dicha capacidad por parte de pacientes con Covid-19 y con otras patologías (por el lado de la oferta), pero también sobre el porcentaje de casos que requieren internación en UCI y de su estadía promedio (por el lado de la demanda). Las referencias a una alta y creciente ocupación de las UCI, a que el 5% de los contagios requerirán internación en UCI cuya duración promedio superará los 20 días, sin cifras o fuentes concretas al respecto, ha sido un clásico.

Ahora bien, esta nueva información pública permite verificar que algunos de los parámetros que preanunciaban el inminente colapso del sistema sanitario eran incorrectos: la Figura 1 muestra que el porcentaje de casos Covid-19 internados en UCI (utilizando 3 aproximaciones distintas) cayó fuerte desde marzo, ubicándose desde junio en torno o por debajo del 2% (lo cual, comparado con el 5% de internaciones supuestas en base a las expectativas tempranas de la OMS, equivale en términos de capacidad de atención crítica a contar con 150% más de UCI).

 El porcentaje de casos Covid-19 internados en UCI (utilizando 3 aproximaciones distintas) cayó fuerte desde marzo, ubicándose desde junio en torno o por debajo del 2 por ciento

Mientras que la Figura 2 muestra que el tiempo promedio de internación en UCI de dichos pacientes ha promediado 15 días desde el inicio de la pandemia pero sólo 13 días durante junio (lo cual equivale, comparando con internaciones de 20 días, a un aumento de más del 50% de la cantidad de UCI). (Los detalles técnicos de estas estimaciones pueden consultarse en Urbiztondo, S.: “Covid-19: Nueva evidencia para recalcular la fecha de saturación del sistema de atención crítica (UCI)”, Indicadores de Coyuntura No. 621, FIEL, Julio 2020.)

Estas regularidades son consistentes con una noticia potencialmente muy auspiciosa: la demanda decreciente de UCI por parte de los nuevos casos de Covid-19 podría deberse a una reducción de edad promedio de los nuevos contagios, o a mejoras en los tratamientos aplicados al progresar la pandemia. Alternativamente, podría obedecer al mayor testeo de casos asintomáticos o leves a medida que aumenta la capacidad de realizar testeos o cambia la estrategia sanitaria de manera tal que aumenta el porcentaje de tests PCR positivos (como con el Plan Detectar, por ejemplo).

En todo caso, aun cuando esta interpretación quede pendiente (a cargo de especialistas obviamente), o tal vez ya sea conocida en ciertos ámbitos, no deja de ser cierto que proyectar la demanda de UCI con los supuestos habituales conduce estimar un agotamiento más próximo del sistema de salud, que resta libertad para evitar persistir en una estrategia (de aislamiento extremo) que además de ser altamente costosa en muchos sentidos es a todas luces insostenible en el tiempo.

 Proyectar la demanda de UCI con los supuestos habituales conduce estimar un agotamiento más próximo del sistema de salud, que resta libertad para evitar persistir en una estrategia (de aislamiento extremo) que además de ser altamente costosa en muchos sentidos es a todas luces insostenible

¿Y cuánto inciden estos distintos valores en las proyecciones? Mucho. Considerando el AMBA en su conjunto, y suponiendo una velocidad de crecimiento de casos del 4,5% al día (igual a la observada según los casos detectados en la última semana –equivalente a una duplicación cada 16 días–, que a su vez es mayor a la velocidad a la que crecen los fallecimientos y las internaciones efectivas por Covid-19 en UCI), el Cuadro muestra 3 estimaciones posibles: en la primera (columna 1), aplicando los valores más recientes recién expuestos (2% de casos con internación en UCI durante 13 días en promedio), la oferta disponible en el AMBA se agotaría en 33 días (la primera semana de agosto), por lo cual quedarían unas 3 semanas para intentar una mayor flexibilización y focalización del distanciamiento social (sin cuarentena estricta); en las otras estimaciones (columnas 2 y 3), con uno o ambos de los supuestos habituales, ya sería tarde para intentar algo distinto a la cuarentena reforzada, ya que el colapso sería inevitable salvo que la cantidad de casos dejara de crecer de inmediato.

Las proyecciones más apropiadas del tiempo disponible hasta la saturación del sistema de atención crítica seguramente deban combinar o promediar estimaciones para el AMBA y el conjunto del país (donde hay más tiempo -51 días en una estimación cualitativa similar a la de la columna 1) dado que es razonable suponer alguna flexibilidad en los traslados para internaciones de pacientes entre jurisdicciones –incluido el interior de la provincia de Buenos Aires–, y también incluir algún margen de prudencia frente al riesgo (por ejemplo, de un aumento repentino de la velocidad de contagios, o de que parte del personal médico especializado no esté disponible durante el pico de la pandemia), pero ello debe partir de la mejor estimación posible del tiempo disponible según la evidencia disponible, cuya credibilidad seguramente ayude a lograr algún consenso mayor sobre qué hacer de aquí en más.

Hagamos mejor las cuentas, y más claramente, antes de repetir esta cuarentena indefinidamente.

El autor es Economista jefe de FIEL