Un relevamiento realizado por la organización Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sobre las formas de respuesta estatal y de los empleadores a las acciones de protesta social que se han realizado en el país entre enero de 2016 y marzo de 2017, presenta datos alarmantes. Es que la represión se convirtió en moneda corriente.

Según lo registrado por las organizaciones hubo “al menos 95 casos de utilización de la violencia física, la apertura de como mínimo 48 causas penales que alcanzaron a 180 manifestantes, y la detención arbitraria de al menos 337 personas por su participación en protestas sociales”.

En todos los casos la mayoría de los hechos de criminalización de la protesta se originaron en reclamos vinculados a cuestiones laborales, impulsados tanto por organizaciones sindicales como por otras organizaciones que demandaban fuentes de trabajo.

A su vez, los reclamos por tierra y vivienda también explican una parte importante de las represiones físicas, la apertura de causas penales y las detenciones en el marco de protestas sociales.

El informe también consideró casos de criminalización de la protesta ante reclamos por el derecho a un ambiente sano o contra la violencia de género, entre los cuales se encuentran la respuesta estatal con la lucha por la contaminación minera en San Juan y contra el Encuentro Nacional de Mujeres y la movilización del 8M.

Según el trabajo, la respuesta represiva estatal ante la protesta social no puede reducirse a casos aislados o circunscriptos a una determinada gestión gubernamental, sino que forma parte de una reacción sistemática frente a los reclamos de las organizaciones del campo popular en defensa de sus derechos.