La senadora Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) busca poner bajo la lupa a las empresas de tratamiento de residuos especiales que operan en Neuquén. Presentó un pedido de informes al subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, para que detalle cuáles son las habilitadas para operar, cuáles las que han presentado proyectos para el cierre definitivo y si se están trayendo residuos de otras provincias.

“Estoy muy preocupada por la disposición final de residuos petroleros y quiero saber qué contratos están haciendo y los términos de las autorizaciones. Quiero saber si están dentro de los estándares mínimos, en función de eso se verá cuál es el siguiente paso”, explicó la legisladora nacional.

El pedido de informes, que se presentó en los términos de la ley 3044 de acceso a la información, busca información vinculada a la aplicación de las normas para la gestión de residuos especiales en el territorio de la provincia, en particular lo atinente a los rellenos de seguridad empleados en la actividad hidrocarburífera.

Actualmente sólo hay uno funcionando y es el de Servicios Ambientales del Neuquén (SAN), cuyos socios son el grupo Crexell (de Nicolás, hermano de la senadora) y Befesa. Ayer el gobierno provincial publicó el decreto para autorizar a una segunda empresa, Ecopolo Argentina, a iniciar sus actividades y hay otras tres que están en trámite: Treater, Indarsa y Soluciones Ambientales Patagonia (SAP) que ya entró en operaciones en Río Negro. Las cinco estarán en la zona conocida como “Bajada del Mono”, en las afueras de Añelo.

En el pedido de informes, Crexell solicitó copias de las habilitaciones y licencias ambientales, además de un detalle de las operaciones de eliminación, las categorías de los residuos y lugar de emplazamiento de cada planta de disposición final.

También reclamó saber si es cierto que se están trayendo residuos de Río Negro a Neuquén y cómo impacta en la capacidad total de tratamiento real de las distintas tratadoras.

El dato $225 millones recaudó la secretaría de Ambiente en 2019 por el cobro de tasas, multas y aranceles provenientes de las actividades que regula.