En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en la causa Mendoza, por lo cual determinó la responsabilidad del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires por la prevención y recomposición del daño ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. Por eso en el Salón Montevideo, de la Legislatura porteña, la diputada Carolina Estebarena (VJ) organizó un encuentro con: los consejeros directivos de ACUMAR, Pablo Bereciartua y Alberto Términe, por Nación y Ciudad respectivamente; la coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola y al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.

La diputada Estebarena recordó que en 2008 “leí este fallo y me imaginé el Riachuelo limpio, que iba ser un lugar de esparcimiento para los vecinos” y hoy resaltó “los avances visibles en esta década”, aunque hoy revisarán el estado de situación.

Beatriz Silvia Mendoza junto a otros habitantes y profesionales, habían iniciado en 2004 una demanda, con el patrocinio de las organizaciones FARN, CELS, Greenpeace y Asociación Vecinosde La Boca, donde reclamaban el resarcimiento por los daños ocasionados como consecuencia de la contaminación generada por casi 50 empresas de la zona.

Los damnificados que se habían presentado ante la justicia eran los habitantes del asentamiento Villa Inflamable (Dock Sud, partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires); y por otra parte vecinos afectados que además eran profesionales (médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros) del Hospital Fiorito de Avellaneda y se domiciliaban en la provincia (Wilde, Avellaneda, Villa Domínico) y Capital Federal (barrio de La Boca)

Bereciacurta destacó que desde junio de 2016 se está avanzando en “la obra de saneamiento más grande de los últimos 70 años y es el más alto que financia el Banco Mundial” y destacó: “El sistema sur de agua potable, que es la obra más grande en los últimos 40 años”, ya que se está invirtiendo en la planta de Beriso, con un beneficio para más de 4 millones de habitantes.

Términe destacó los presupuestos porteños para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental y el de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, el control industrial en la cuenca con 62 operativos, la limpieza de las márgenes del río, que lleva más de 1700 toneladas de residuos recolectados y la relocalización del 33% de las familias que vivían en la zona riesgosa de la cuenca. También ponderó la liberación del 91% del camino de sirga, en la costa.

Di Paola afirmó que “sin dudas, el fallo Mendoza ha sido un hito”, pero preponderó que “el gran desafío actual es como se transforma esto en una política de mediano plazo, que perdure en la cuenca”. Admitió la funcionaria del PNUD que “necesitamos obras de infraestructura, pero también un ordenamiento socioambiental”. Destacó que el fallo Mendoza fue “un viraje de lo reactivo a lo proactivo”, ya que a través de la sentencia de la Corte Suprema se estableció una agenda para abordar la temática de manera integral.

Nápoli afirmó que “el fallo Mendoza fue una continuidad de los temas previos”, ya que hubo informes diagnósticos de la Defensoría del Pueblo y de Universidades, además de la detección de plomo en sangre que tenían los habitantes de Villa Inflamable.

También el directivo de FARN resaltó que el fallo produjo la constitución de la ACUMAR, que pudo superar la fragmentación existente entre los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia. Valoró que “la limpieza de las márgenes” a lo largo de los años “se transformó en política pública”. 

Pero Nápoli advirtió que hay todavía más de 1 millón 600 mil personas vulnerables. Alertó que “una cosa es la cantidad de obras, pero hay que mejorar la calidad de vida de la población”, ya que persisten los problemas de las industrias, los basurales a cielo abierto y el de la calidad del agua, que tiene “un uso nivel 4, el más miserable”.