Desde ambos gremios recordaron que días atrás, el juez Penza le quitó la tutela sindical a Horacio Catena y a Carlos Díaz y que este lunes hizo lo propio con Raúl Arce, Secretario Gremial del SUTEF y Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. “En este proceso de exoneración, diecisiete docentes, que son dirigentes sindicales y delegados, todos con tutela sindical, están a punto de perder su trabajo”, alertaron.

Según explicaron desde la dirigencia sindical, la causa penal en la que se basa el juez para otorgarle al Gobierno los desafueros gremiales para poder exonerar a los 17 docentes, está en instancia de apelación con pedido de nulidad absoluta por resultar inconstitucional. Agregaron que si esto fuera poco, el juez  quita la tutela a quien tiene condena en instancia de apelación, a quien tiene suspensión de juicio a prueba (probation) y a quien fue completamente absuelto, en el caso de Raúl Arce. Para el juez, todos tienen el mismo tratamiento. Señalaron que “sólo es cuestión de tiempo llegar a la quita de tutela de los 17 trabajadores en cuestión”.

Los dirigentes evaluaron que “no hay precedentes en tiempos de democracia de una quita de tutela sindical por cuestiones relacionadas con una acción gremial. Los antecedentes son exclusivamente de medidas de gobiernos dictatoriales” y evidenciaron que  “el carácter antidemocrático del Gobierno y la connivencia con la Justicia queda cada vez más expuesta”.

“Hay una decisión política de exonerar que se traslada a la Justicia. Esta injerencia de la política del Ejecutivo en la Justicia se pudo ver en el adelantamiento del juicio el año pasado, en lo bochornoso que fue el mismo con testigos denunciando ser inducidos, violando el derechos a legítima defensa de los acusados, violando las garantías del debido proceso, con un Juez interino integrando un tribunal sin haber seguido la normativa para la selección del mismo, con la policía haciendo la investigación siendo parte querellante, con testigos recitando de memoria una declaración realizada  dos años atrás, con irregularidades en los informes médicos del perito en cuanto a las supuestas lesiones”, expusieron.

Los gremialistas del SUTEF y de la CTA remarcaron que a esto “se suma la celeridad del juez Penza en fallar sobre la quita de tutela sindical y su basamento en un juicio que no tiene sentencia firme” y que ante todo este contexto “la Justicia Laboral entiende que no hay persecución sindical ni política”.

Consideraron que “hoy tenemos en Tierra del Fuego un Estado que muy poco se parece a uno democrático, donde se utiliza todo el aparato estatal para perseguir a los trabajadores que no están de acuerdo con la política del Gobierno, que piensan distinto y que no están dispuestos a negociar entregando derechos conquistados”.