La situación está en alerta para todos los sectores de producción del país, la inflación sigue in crescendo y el precio final de los productos cae sostenidamente, junto a la participación del productor. Damián Martorell y Santiago Di Tella por Salta, junto a representantes de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe consideraron necesario declarar en emergencia al sector lácteo.

La mesa de productores lecheros de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reunidos en un tambo próximo a San Miguel de Tucumán, afrontando esta situación  solicitan a las autoridades nacionales definir políticas sectoriales que permitan una recuperación de la rentabilidad perdida. Es la única forma de devolverle la sustentabilidad y evitar los reclamos constantes.

Para ello, dicen es necesario declarar la emergencia del sector lácteo, mantener la quita de las retenciones a los impuestos al valor agregado (IVA) y Ganancias con la finalidad de mantener el capital de trabajo y que nación, provincia y municipio reintegren a la cadena parte de los impuestos y tasas que hoy perciben por la actividad.

Los principales planteos sobre su situación actual realizada por los empresarios del sector en el encuentro, dan cuenta que si bien el precio del litro de leche que percibe el tambero en dólares es histórico, no cubre los costos de producción. Para esto se requiere de un monto adicional al precio, el mismo no debe ser aportado por el Estado como subsidio, sino por los actores de la cadena de valor, con la finalidad de recomponer la ecuación de rentabilidad de distintas fases productivas.

Simultáneamente, existen unas seis empresas grandes con una participación del 60% del mercado y una gran cantidad de usinas lácteas PYMES, por donde se canaliza el 40% de la producción, que están atomizadas y tienen relativa incidencia en las decisiones del negocio. Estas usinas al no contar con los instrumentos y las estructuras necesarias para exportar, vuelcan al mercado interno su mercadería procesada, provocando una caída de precios de la materia prima.

Por ello, desde CAME consideran necesario una adecuada reglamentación de la flamante Ley 27.264, conocida como Ley PYME, para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en todo su desarrollo, ya sean de sector productivo, agroindustrial o comercial.

Además, el Estado debe desarrollar políticas para salvar la lechería y garantizar los miles de empleos en los pueblos del interior del país. Con esta coyuntura, es cada vez mayor la cantidad de tamberos que migran a las ciudades por el cierre de su comercio.

En ese sentido, es necesario crear un ente público-privado para el desarrollo de este sector, que no sólo debe realizar un análisis estructural de la actividad sino también permitir la planificación, ejecución y control de un plan de acción. Así, se podrá mejorar la distribución de la renta entre el sector primario, industrial, comercial y el propio Gobierno, proponiendo herramientas de libre equilibrio en los mercados para que no ocurran los problemas de falta o sobreoferta del comercio interno. Buscando el progreso sustentable de la actividad en beneficio de la sociedad en su conjunto.