Declaró Vidal, negó cargos de asociación ilícita y el gremio lanzó paro en yacimientos

Declaró Vidal, negó cargos de asociación ilícita y el gremio lanzó paro en yacimientos

El secretario general de Sindicato Petrolero Santa Cruz, Claudio Vidal, se declaró inocente de los cargos que se le imputan, entre ellos el de ser jefe de una asociación ilícita. Sus abogados sostienen que la justicia intenta aplicarle la “ley antiterrorista”. En tanto, quienes quedaron al frente de la mesa de conducción del gremio lanzaron ayer a las 16 un paro de 48 horas en los yacimientos.

Claudio Vidal forma parte de una veintena de dirigentes y colaboradores del gremio -además de dos policías bonaerenses- que fueron detenidos el viernes en Caleta, Truncado, Las Heras y Río Gallegos por expresas instrucciones del juez de instrucción Eduardo Quelín. En esos procedimientos se secuestraron alrededor de 20 armas de fuego de diverso calibre, tanto cortas como largas.

A todos se los involucró en una causa que se originó el 10 de abril, cuando personal de Gendarmería interceptó en el acceso a Las Heras un automóvil ocupado por tres individuos vinculados al gremio, quienes llevaban armas de fuego y poseían chalecos antibalas.

El día anterior se había producido en Caleta un enfrentamiento armado entre facciones del gremio petrolero y de la UOCRA, con el saldo de un obrero de la construcción muerto y otro herido.

Por este último y gravísimo hecho, en el cual interviene el juez de instrucción local, Mario Albarrán, se detuvo a 31 personas y se secuestraron 10 pistolas y revólveres. Las causas son diferentes pero para la opinión pública ambas están indirectamente relacionadas.

“UNA CUESTION DESCABELLADA”

En la indagatoria, según lo hizo saber Leopoldo Puricelli, uno de los abogados del gremio, Vidal negó terminantemente ser jefe y parte de una asociación ilícita y de haber incurrido en el delito de intimidación pública, al tiempo que confirmó que una de las armas secuestradas en el edificio de la calle Guttero -donde fue detenido- es de su propiedad y está registrada legalmente.

También, a través del mencionado abogado, aclaró que fueron 50 mil pesos los que incauto la policía en su departamento y no 500 mil, como hicieron trascender fuentes de ese mismo ámbito, e incluso precisó que ese dinero pertenece a la institución gremial y que el estatuto lo habilita a circular con dicha suma.

Para Puricelli, la acusación de intimidación pública “es una cuestión descabellada ya que no encontramos ninguna prueba en el expediente que acredite semejante incriminación”.

Por otra parte, manifestó que “poseer armas de fuego no es un delito si se es un usuario registrado en el RENAR y este es el caso de Vidal porque está debidamente autorizado por este ente nacional”.

Al mismo tiempo mencionó que el resto de las armas y equipos de comunicación que se mostraron en fotografías difundidas por la policía, “son propiedad de otro de sus defendidos de apellido Pródromos, quien también es otro usuario registrado en el RENAR”.

PERMANECE

COMUNICADO

Por su parte la abogada Raquel Coronel, quien también oficia de patrocinante de Vidal y otros detenidos, comentó que luego de la declaración indagatoria el gremialista está “comunicado” y ha recibido varias visitas.

En cuanto a la situación procesal, Coronel detalló que se hicieron las presentaciones para su “excarcelación” y habrá que esperar el plazo legal de diez días que tiene el juez Quelín para resolver el caso.

“En función de ello, apelaremos si hay una resolución negativa o bien tendremos la satisfacción de tener a todos los compañeros en libertad ya que a nuestro entender todas sus imputaciones, por las pruebas y por los hechos objetivos, no condicen con la realidad”.

Finalmente puso de relieve que “nos llama poderosamente la atención que a nuestros defendidos en esta causa les apliquen la ´ley antiterrorista´ porque están judicializando la protesta y el derecho a reclamar por parte de los trabajadores”.

PARAN, PERO NO

AFECTAN PRODUCCION

En la faz gremial, la mesa de conducción que momentáneamente quedó liderada por el secretario adjunto, Rubén Uribe, lanzó ayer un paro de 48 horas en todos los yacimientos de la provincia, el cual comenzó a tener vigencia a partir de las 16 con concurrencia a los sitios de trabajo.

De acuerdo a un comunicado de prensa difundido ayer al mediodía, se trata de “una medida de acción directa por el brutal ataque a la libertad sindical que ocasionó la detención de nuestro secretario general y otros compañeros”. Allí también se deja constancia de que por ahora “no se afectará la producción petrolera”.

Ante esta circunstancia, se supo que Gendarmería extremó las medidas de seguridad en sitios estratégicos, teniendo además en cuenta que ya suman alrededor de 500 los efectivos de élite de esa fuerza que se encuentran desplegados en la zona norte santacruceña.

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