Un delegado gremial arrastró a los trabajadores al despido

Mediante una solicitada que se publica en esta edición, el Sindicato de Camioneros de La Pampa ofreció su posición sobre el conflicto que provocó 22 despidos en la empresa Prosegur y responsabilizó al delegado gremial, y no a la empresa, por los despidos.

"Luis Emilio Roberto, sin haber comunicado ni solicitado la intervención de nuestro gremio, dispuso el inicio de acciones directas" contra Juncadella, afirma el texto.

El gremio argumenta que desde el primer momento estuvo "a disposición de los 22 compañeros de trabajo que se plegaron a tal medida, prestando permanente asesoramiento con nuestro abogado acerca de los pasos a seguir", y advierte que "antes y después de la conciliación obligatoria, siempre solicitamos a la empleadora la reincorporación de todos los despedidos y el pago de los haberes caídos, rechazando todas las presentaciones efectuadas por la empresa". También aclara que el abogado Tanos Mafud "sólo estuvo ausente en la audiencia del 19 de marzo en Relaciones Laborales, por problemas de salud".

El documento alude además a "las mentiras del delegado gremial Emilio Roberto quien, privilegiando intereses personales, arrastró a sus compañeros de trabajo a una situación harto peligrosa, al extremo de asesorarlos para que remitan telegramas laborales dándose por despedidos en forma indirecta", y pretende que este diario no acertó en todos los detalles al informar sobre la reunión sostenida en Buenos Aires con las máximas autoridades de la Federación de Camioneros que conduce Hugo Moyano.

Mandó a la esposa.

Mientras tanto, Emilce Rosalía Payela, esposa de uno de los cuatro trabajadores que denunciaron "presiones y amenazas" para sumarse a las medidas de fuerza, se presentó ayer por la tarde en esta redacción para aclarar que la nota de arrepentimiento "fue enviada el 19 de marzo y no el 27" y que el Sindicato de Camioneros "fue el único que intercedió para tratar de salvar los puestos de trabajo de todo el grupo". Confirmó que el texto publicado es legítimo, "fue redactado y enviado con pleno conocimiento de nuestros derechos" y no fue elaborado en el sindicato.

Payela informó además que los denunciantes realizaron exposiciones sobre las denuncias y amenazas en la Seccional Quinta de Toay (donde residen dos de ellos) y asegura que otros despedidos se encuentran en la misma situación pero "no se animan a enfrentar a un grupo minúsculo de personas sin escrúpulos que aún no aclara cuáles son las verdaderas intenciones que derivaron en los despidos". Esta redacción le solicitó copia de las denuncias policiales y entrevistar a los trabajadores involucrados para explicar con mayor detalle la situación, pero la mujer rechazó ambas posibilidades y publicó una solicitada (página 23).

Ayer este diario publicó, textual, una carta enviada a Prosegur por cuatro de los trabajadores despedidos. En la nota aseguran haber sido presionados para acatar la medida de fuerza que derivó en los despidos, y solicitan ser reincorporados.

Familias en la calle

Prosegur transporta y recuenta caudales en efectivo. Entre sus principales clientes figuran el Banco de La Pampa, otros bancos que operan en la provincia y varias empresas privadas. Sus custodios y choferes trabajan 12 horas diarias o más, con jornadas de hasta 36 horas sobre el camión pagador o banco móvil. Si durante el mes consiguen sumar un centenar de horas extras pueden redondear un salario de 9 mil pesos, que incluye también vales de comida, traslado y otros adicionales.

El martes 5 de marzo, ante reiteradas negativas de la compañía a dialogar sobre reclamos laborales, un grupo de empleados efectuó un "quite de colaboración". Se presentaron a trabajar, pero sin iniciar tareas hasta que la empresa escuchara sus demandas. La respuesta de la multinacional fue inmediata y desproporcionada: 22 despidos "con justa causa y sin indemnización".

Aunque el director de Relaciones Laborales, Julio San Miguel, dictó una conciliación y ordenó retrotraer la situación al lunes 4 de marzo, Juncadella se negó a reincorporarlos. "La empresa pretende absorber solamente a una parte y nosotros exigimos la incorporación de todos", explicaron los trabajadores, que también propusieron "una tregua de un año, durante el que no desarrollaremos medidas de fuerza y la firma no tomará represalias".

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