El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) presentó ante la Justicia Federal de Morón una denuncia contra la Mutual de Trabajadores de Camioneros por supuestas maniobras de lavado de dinero mediante la emisión de facturas "dudosas y apócrifas" a empresas y prestadoras de servicios relacionadas con la familia de Hugo Moyano.

"La mutual de Camioneros hace giros de dinero con una docena de empresas vinculadas con la familia Moyano y otras prestadoras de servicios ligados", afirmó ayer Marcelo Collomb, presidente del Inaes, en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul.

Las operaciones bajo la mira del Inaes, y que deberá investigar el juez federal de Morón, Néstor Barral, son las realizadas por la mutual con las firmas Dixey y Aconra Construcciones, esta ultima propiedad de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano.

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Además, también generan suspicacias el alquiler de un inmueble al estudio jurídico de Hugo Moyano hijo y el vínculo con Audifarm Salud, propiedad del empresario Marcos Hendler, que a su vez es el principal proveedor de la obra social de Camioneros.

La mutual es presidida por Pablo Moyano, cuenta con unos 15 mil asociados y, según Collomb, de la auditoría realizada por el Inaes se desprende que fue utilizada "para lavar dinero por medio de empresas con facturaciones dudosas y ficticias".

Otras irregularidades

Otra maniobra que generó la sospecha del Inaes es la inyección de fondos que recibió de parte de la empresa OCA, a través de un acuerdo por el cual la mutual percibiría una contribución de $2.250.000. Ya en ese entonces, la firma postal propiedad de Patricio Farcuh se encontraba sospechada de pertenecer, en realidad, a la familia del líder camionero, en medio de una difícil situación financiera que terminó con la empresa concursada e intervenida.

Según datos recabados por el Inaes, OCA giró esos fondos mediante dos cheques. Sin embargo, la mutual declaró haber recibido dos aportes financieros por menos de$100.000.

Si la Justicia logra corroborar que la donación fue ficticia, en el Inaes sostienen que se estaría ante una evidente maniobra de lavado de dinero y de desvío de fondos no documentados desde la empresa OCA.

En sus balances de 2017, la mutual acusó ingresos por $300 millones. Sin embargo, el informe del organismo de control sostiene que más de la mitad de esos fondos pertenecen a contribuciones y donaciones de empresas y no a los aportes de sus afiliados.