El expediente, sorteado este jueves, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello. La denuncia apunta a los contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional 8) donde se cuestionan los procesos  de ajuste de contrato realizados bajo la gestión de Iguacel en la licitación del Tramo II B correspondiente al arroyo de Giles y el puente sobre Arroyo Gómez, que fue en 2013 -bajo la gestión kirchnerista y la propiedad de Calcaterra-, a Iecsa, firma que adoptó tras la compra de Mindlin el nombre Sacde SA.

Según indica el Diario Perfil, el contrato se firmó en 2015 y la obra debía estar finalizada en junio de 2017, con un presupuesto de $ 315 millones y fue adjudicada a la oferta de Iecsa, que incluía un descuento del 15,4%, por 285 millones de pesos.

Asimismo, Graciela Aleñá denunció irregularidades en el acuerdo para ajustar los nuevos precios de la obra, una vez que Cambiemos y el ingeniero Iguacel asumieron el control de la cartera. Según señala la presentación realizada por la sindicalista, solo tres de los nueve tramos de la obra lograron aprobar modificaciones en el contrato: el Tramo IB, ejecutado por Chediack SA tuvo un ajuste del 45%; el Tramo III, a cargo de Vialmani SA, logró un incremento del presupuesto del 45%; mientras que Iecsa/Sacde obtuvo para el Tramo II B un ajuste del 120%.

“La modificación formal de este último contrato se instrumentó mediante el dictado de la Resolución 781/17 en abril de 2018, es decir, 29 meses después del cambio de gestión”, precisan en el escrito.

Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA)

Para la dirigente gremial, los cambios sustanciales que se hicieron en este proyecto, a partir de las decisiones de la dirección de Vialidad, entonces a cargo de Iguacel y dependiente del Ministerio de Transporte que dirige Guillermo Dietrich, “requerían un nuevo proceso de licitación, algo que no ocurrió, e implica un quiebre de los principios de legalidad, igualdad y libre concurrencia en perjuicio de los intereses de la administración pública”.

Además de Iguacel, la denuncia apunta contra el ex director de Obras, Juan Manuel Campana, el ingeniero de Vialidad Guillermo Heinke y el titular de Sacde, Marcelo Mindlin, entre otros.

“Por una extensión de camino menor, ahora se debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato”, indica la denuncia. En diálogo con el Diario Perfil, Aleñá confirmó que la próxima semana ratificará la denuncia.