Denuncian a titulares de la AFIP macrista por proteger a evasores con cuentas en el exterior sin declarar

Denuncian a titulares de la AFIP macrista por proteger a evasores con cuentas en el exterior sin declarar

Alberto Abad y a Leandro Cuccioli serán investigados penalmente por posible encubrimiento de 950 titulares de cuentas por más de u$s1 millón cada una.

Las 950 cuentas en el exterior que no fueron declaradas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, con más de un millón de dólares cada una, está siendo investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde el punto de vista triburario. Pero a esto, el fiscal federal Federico Delgado acaba de sumarle una denuncia penal.

Según el magistrado, habría sufientes elementos para investigar un posible encubrimiento por parte de las autoridades de la AFIP en la gestión de Cambiemos de dichas cuentas. En ese momento, quienes estaban a cargo de la entidad eran Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

La investigación de Delgado surgió tras la denuncia del economista, tributarista y ex coordinador del equipo especialista en fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR) Jorge Gaggero.

Recientemente, AFIP detectó la existencia de información encriptada que nunca había sido revelada desde que fue provista al organismo recaudador durante los últimos años, por los acuerdos de intercambio de información fiscal entre países.

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Abad y Cuccioli estaban a cargo de la dirección de la entidad durante el gobierno macrista. Ahora será el juez quien determinará las consecuencias a nivel penal de este accionar y quien investigue por qué no se hizo un seguimiento de la información que llegó al organismo fiscal a finales de 2017.

Las cuentas están radicadas en su gran mayoría en Uruguay y suman más de u$s2.600 millones. De los 950 beneficiarios finales, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero.

Información encriptada

La investigación a nivel tributario que inició la entidad a cargo de Mercedes Marcó del Pont, la que se está llevando a cabo a pesar de la extensión de la feria fiscal que se determinó con el aislamiento social y obligatorio dictaminado por el Gobierno Nacional por la pandemia del coronavirus, busca resolver lo que sucedió entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, cuando llegó el actual gobierno.

En este período se detectó que nunca se había desencriptado información proporcionada por la OCDE, en un proceso en el que hasta se intervino sobre el software destinado a identificar a esos contribuyentes.

Las identidades de los titulares de las cuentas están amparadas por el secreto fiscal, pero la AFIP debería poder recabar la información y hacer el cruce de datos para descartar a quienes participaron del blanqueo de capitales en este último tiempo.

El vacío que hay entre fines de 2017 y fines de 2019 también será una de las claves que se tratará de dilucidas mediante la investigación penal. Entre los delitos se podría incluir incumplimiento de los deberes de funcionario y adulteración de información fiscal, entre otros.

Asimismo, los contribuyentes informados en 2017 y 2018 por OCDE podrían ser pasibles de ver caer su adhesión al blanqueo de capitales de Cambiemos, perdiendo la posibilidad de quedar excluidos de una persecución penal.

También está latente la probabilidad de que la cantidad de cuentas sin declarar y la suma total en dólares se incremente.

Cuanto la AFIP avance y abra la información encriptada enviada por la OCDE, se irán aclarando las cosas.

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