La matriz de las organizaciones gremiales argentinas es claramente fascista, tal como era la ideología que dio forma a las leyes que sostienen este esquema de poder al día de hoy. La consumación fascista del poder se dio con la ley de obras sociales gremiales, que no es fruto de gobierno peronista alguno sino de la alianza del peronismo sindical tutelado por el propio Juan Domingo Perón y el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía.

La ley 18.610 se promulgó en 1970 y quien usurpaba el gobierno era Onganía en representación de una alianza trasversal que involucraba la curia y los gremios controlados por el propio Perón. Nada democrático había allí, ni legal, ni político. Esa matriz está viva hoy, y se dio a su aire en la misa en Lujan organizada por la famiglia Moyano. Estos largos días de quite de colaboración del STM exponen esa alianza una vez más.

La medida —llamada “quite de colaboración”, pero que es en realidad un paro salvaje conducido por Antonio Gilardi— se extendió luego de la asamblea realizada en la tarde del viernes 4 de enero. Una vez más se desoyó la exhortación del ministerio de trabajo provincial a retornar a las tareas, violando sistemáticamente derechos humanos esenciales y perjudicando gravemente al ciudadano de a pie.

Si el objetivo buscado era derrotar al intendente provocando una corrida de enojo de la población en su contra, la apuesta está perdida. Las declaraciones públicas de los ediles Alejandro Carrancio y Cristina Coria señalando que la continuidad de la medida perjudica a la ciudad y a los vecinos, revela que la crítica del marplatense común perforó la muralla de indiferencia de la clase política. Esa misma clase política que hasta hace poco miraba el conflicto casi como un divertimento, creyendo que el conflicto desgastaba al municipio.

A minutos de partir a La Plata el pasado jueves 3, el secretario de gobierno Alejandro Vicente recibía el llamado de un edil de alto perfil que le imponía cuáles eran las condiciones que llevarían a un acuerdo. Si la postura expresada por el concejal en cuestión era aceptada como válida por el ejecutivo y se lograba así el consenso, se podría entender entonces que quien llamó ejercía el rol de vocero de la postura gremial, y que la derrota política de la gestión de Arroyo era un hecho.

Lejos de ello, lo expresado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia reveló datos ciertos de importes y costos para el erario municipal, y también a qué valores habría que llevar la TSU si se imponía el criterio sindical respaldado —o cuando menos, acompañado en silencio— por los ediles de todos los bloques.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, señaló en un texto oficial del ente: “Los estados proveerán el máximo nivel posible de cobertura de salud en particular a los que menos oportunidades tienen”. El abandono de tareas en el área de salud y en los cementerios ha sido una clara violación de derechos humanos de rango constitucional que no debiera pasar desapercibida.