UTA derivó a las empresas la obligación por guardias mínimas

UTA derivó a las empresas la obligación por guardias mínimas
Así lo fijala reglamentación del marco regulatorio. Confirman que habrá Comisión de Garantías para evitar paros. Choferes también se aseguraron continuidad laboral.
La obligación de asegurar guardias mínimas en el transporte urbano de Córdoba cuando haya conflictos gremiales que afecten la prestación será responsabilidad exclusiva de las empresas concesionarias del servicio y no de los trabajadores.

Así lo expresa el decreto 4.427, a través del cual el intendente Ramón Mestre reglamentó varios artículos del marco regulatorio, entre ellos el que más polémica generó en filas de la UTA y Fetap, ya que declara al transporte como “servicio público esencial y de alta prioridad”. Esa norma impone que la prestación “debe ser continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de todos los actores”.

Sin embargo, UTA logró acotar los alcances prácticos de esa imposición. La reglamentación aclara que son “las concesionarias” quienes “deberán garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos”.

Esa referencia es para un 30 por ciento de las prestaciones previstas para las líneas troncales del sistema. Y la norma señala que las firmas “deberán arbitrar todos los medios necesarios” para que eso ocurra.

También señala que las concesionarias deberán evitar conflictos “vinculados a incumplimientos salariales o cesantías incausadas de personal”. Inclusive, en el capítulo referido a la evaluación de su desempeño, uno de los ítems centrales a considerar para el puntaje será, justamente, la “entidad, motivo y duración de los conflictos gremiales que el concesionario haya tenido” con sus empleados.

En ese punto, como anticipamos tiempo atrás desde estas páginas, se introduce la vigencia de la denominada Comisión de Garantías, que integrarán representantes del Departamento Ejecutivo, de UTA y de cada una de las prestatarias del sistema, quienes asumen la “obligación” de agotar una instancia de diálogo previa a cualquier conflicto.

Las reuniones de la Comisión pueden ser convocadas por cualquiera de las partes y cuando deliberen, deberán expedirse en un plazo de 48 horas, durante el cual todos los participantes se abstendrán de tomar medidas gremiales o empresariales que afecten al servicio.

En la letra chica del Marco Regulatorio, UTA también logró que el municipio se involucre como “órgano de contralor en el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y convenios colectivos por parte de las empresas. Esa previsión también incluye la contratación de ART, seguros de vida colectivos, pago de obligaciones provisionales, y cumplimiento de retenciones de origen legal o contractual.

Todas estas cuestiones, de acuerdo a lo que expresa el decreto del Ejecutivo, quedarán plasmadas en los pliegos de la licitación para la concesión del servicio y deberán ser incluidas en la garantía de ejecución de contrato con las prestatarias.

Por otra parte, si bien la versión del Marco Regulatorio que aprobaron los concejales ya establecía que las cuatro empresas que tomen las riendas del próximo sistema de transporte estarán obligadas a tomar todo el personal del actual esquema, esa precisión se reforzó más aún en la reglamentación.

Por pedido expreso de los choferes, se fijó que a tal efecto se considerará personal en actividad a quienes estén prestando servicio actualmente en el transporte y “hasta el acto mismo de transferencia del servicio”, en cuyo caso se respetará “su antigüedad y categoría profesional”.

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