Desafectaron de la conducción gremial a dos petroleros que estuvieron presos

Desafectaron de la conducción gremial a dos petroleros que estuvieron presos
El sindicato petrolero de Santa Cruz resolvió desafectar a Martín Oñate y Néstor Vivares de la mesa de conducción gremial. Ambos habían permanecido detenidos en alcaidías policiales por algo más de tres meses y el martes recuperaron su libertad por resolución del juez Miguel Angel Meyer.
Oñate ocupaba el cargo de vocal titular y Vivares era revisor de cuentas. A ambos les notificaron ayer formalmente que quedaban suspendidos por decisión del resto de los miembros de comisión directiva, lo cual sería el paso previo a sus expulsiones como dirigentes.

La novedad, que preanuncia una escalada de cuestionamientos, fue dada a conocer al promediar la tarde del miércoles en una conferencia de prensa que ofreciera el secretario general Claudio Vidal, acompañado por otros miembros de la mesa de conducción, entre ellos Raúl Uribe (secretario adjunto) y Fernando De Souza (secretario gremial).

A la hora de fundamentar la quita de los fueros gremiales, Vidal dio a entender que en su momento tanto Oñate como Vivares se tomaron atribuciones que no fueron consensuadas por el resto de la dirigencia, en clara alusión al bloqueo que se hizo en la empresa de servicios Bacsa en Las Heras.

Vale recordar que el piquete motivó que el juez de instrucción de esa localidad, Eduardo Quelín, ordenara el 22 de febrero a la policía que arrestara a seis petroleros, entre ellos los dos miembros de comisión directiva, imputándoles -entre otros delitos- el de coacción agravada (amenazas).

Respecto del tercer trabajador liberado el martes, Jorge Armoa, se indicó que su situación debe ser resuelta en otro ámbito gremial, dado que se trata de un delegado y no de un miembro de comisión directiva.

ACERCA DE LOS

CUESTIONAMIENTOS

Por otra parte, Vidal rechazó las críticas que los propios ex detenidos hicieron para con la conducción, dado que el gremio puso a disposición desde un primer momento a un grupo de abogados para que asumieran su defensa y además dejó en claro que él, como secretario general, no puede estar permanentemente sobre un problema específico porque debe atender requerimientos de miles de afiliados.

También replicó las acusaciones de otros sectores petroleros, argumentando que las mismas provienen de referentes de la Federación (liderada por Alberto Roberti) que permanentemente buscan desestabilizar a la nueva dirigencia del gremio de base que asumió hace solo seis meses.

Por otra parte, evaluó que si bien era ponderable el apoyo que brindaron a los detenidos algunos partidos políticos de izquierda y gremios de la CTA, consideraba que en la faz legal estas manifestaciones no incidieron en la resolución de juez de recursos, dado que el mismo tuvo que dictarla en base a los planteos de excarcelación que hicieron los letrados del gremio.

Como corolario, reveló que ahora el Sindicato del Petróleo y Gas debe pagar 400 mil pesos en concepto de costas del proceso judicial y además afronta una demanda de algo más de 3 millones de pesos por parte de la empresa Bacsa, que demandó a la entidad por daños y perjuicios.

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