Desde la CTA exigen mayor celeridad judicial en las causas de los derechos humanos

 Desde la CTA exigen mayor celeridad judicial en las causas de los derechos humanos
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la central obrera, la dirigente Clarisa Alberstein aseguró que hay demoras en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad por parte de la Justicia Federal. Además, se solidarizó con el fiscal Gómez, quien fue reprendido por la Cámara Federal de Apelaciones por realizar un planteo similar.
Desde la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) reclamaron a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán un informe público respecto al estado de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, por considerar que hay un retraso en el juzgamiento de esos hechos.

La entidad, a través de su secretaria de Derechos Humanos, Clarisa "Lita" Alberstein (Movimiento Socialista de los Trabajadores-Proyecto Sur), se solidarizó con el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, quien había sido severamente reprendido por ese Tribunal en julio último, luego de que este advirtiera sobre una demora en la tramitación de esas causas.

La dirigente reconoció que "a partir de haber logrado hace 10 años la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, los juicios en nuestro país fueron generando expectativas de que se haga justicia" y que "se avanzó en las condenas a genocidas, aunque algunos de ellos, como (Antonio) Bussi, tuvieron una privilegiada prisión domiciliaria". No obstante, advirtió que "de ninguna manera se avanzó lo necesario para juzgar a todos los militares y policías asesinos, ni en la investigación que permita juzgar y condenar a todos sus cómplices civiles, económicos, y eclesiásticos. Los últimos juicios, reiteran en muchos casos, condenas a los altos mandos militares que ya fueron condenados a perpetua y no avanza con los miles que aún no tuvieron su merecido castigo", argumentó.

Alberstein recordó que "a los largo de estos últimos años, hubo una infinidad de movilizaciones convocadas por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, para reclamar que se aceleraran las causas". Esto debido a que, según indicó, "las largas décadas de lucha estaban impidiendo que muchos de los familiares y testigos estuvieran vivos para declarar en los juicios, y permitiendo que a muchos de los acusados, les llegara el punto final biológico, antes de que se los enjuiciara y condenara".

La dirigente política reconoció que "no se puede permanecer ajenos a la polémica sobre la situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los Tribunales Federales de Tucumán, que ha tomado estado público en estos días".

En ese contexto, recordó que al fiscal Gómez "se lo cuestiona por querer impulsar y acelerar las causas por delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar, para lo cual dispuso que los fiscales federales de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero pidieran la habilitación de la feria judicial del mes de julio".

Sostuvo que "el fiscal Justificó su resolución ante las demoras inadmisibles en las causas, muchas de las cuales llevan más de 10 años de trámite. En respuesta, la Cámara Federal de Tucumán en pleno denunció al fiscal, porque se sintió ofendida por el término ‘demoras inadmisibles’ y lo hizo ante el Procurador General de la Nación", recordó

Frente a este cuadro de situación, Alberstein manifestó que "cabe preguntarnos si no son demoras inadmisibles que haya causas que lleven 10 años de trámite. ¿Acaso no son demoras inadmisibles que la causa por el homicidio en manos de la dictadura del abogado Angel Gerardo Pisarello, quien fuera senador provincial radical, esté sin ningún tipo de movimiento desde el año 2009, cuando es uno de los asesinatos más emblemáticos?", inquirió.

A continuación, se preguntó si "¿no son demoras inadmisibles que en la causa Pozo de Vargas, donde se han encontrado restos humanos, se haya pedido la declaración indagatoria de varios imputados hace años y el Juez Federal aún no ha ordenado una sola?". Y recordó que en los últimos años lo juicios orales y públicos realizados en Tucumán por los crímenes de la dictadura "no son más de cuatro".

"¿Qué ha ocurrido con las decenas de indagatorias a lo largo de todo este tiempo que aún no fueron ordenadas? ¿Cuántos son los expedientes que se están tramitando y cuál es la previsión de tiempo para que finalicen? Nadie puede responder a esta pregunta en Tucumán. Y van más de 36 años desde los hechos. Se pide acelerar los tiempos, algo que, ni a los demás fiscales y menos a los jueces federales, parece urgirlos", advirtió Alberstein.

La Secretaria de Derechos Humanos de la CTA dijo que "para llegar a toda la verdad y la justicia" desde el sector exigieron "un informe público de la cantidad de causas penales por estos delitos que se están tramitando en la primera instancia".

Agregó que también piden "una auditoria externa completa -sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuración General de la Nación o de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación- con la participación de organismos de DDHH, partidos políticos y sindicatos, que establezca con precisión en cuáles se ha pedido indagatoria, en cuáles fueron citados y cuántos procesamientos firmes hay que no hayan sido elevados a juicio aún; quiénes son los jueces y fiscales actuantes", añadió.

Por último, Alberstein aseveró que "el punto final biológico no es una opción. Diez años es algo más que una demora inadmisible. El fallo de la Cámara Federal de Tucumán muestra más su preocupación por denunciar al Fiscal Gómez que por enmendar los graves errores. No hay que matar al mensajero por el mensaje que nos trae", disparó.

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