RIO GRANDE.- El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, ingresó una nota a la Legislatura provincial, planteando una serie de objeciones al proyecto de ley que impulsa el Gobierno para convertir a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) en una Sociedad del Estado.

Tras realizar un análisis jurídico, el gremio estatal advierte “posibles consecuencias respecto a su aprobación y aplicabilidad”, entendiendo que se produciría así un perjuicio a “los derechos de los trabajadores en caso de ser aprobado dicho proyecto”.

Si bien “luego de una atenta y detenida lectura, nuestra área de Legal ha concluido en que se coincide, en líneas generales, con la expresión de deseos y objetivos trazados del proyecto”, desde ATE entienden que no queda “en absoluto claro la situación en que habrán de quedar los trabajadores que hoy prestan servicios en la DPOSS”.

“¿Cuál es el motivo por el que la actual DPOSS no puede cumplir los objetivos que la empresa a crearse cumplirá, si a aquella se la dota de todos los elementos, materiales e inmateriales, que a ésta de le brindarán?”, plantea Córdoba en el escrito.

Para el sindicato estatal queda claro que “se trata de un apéndice del Poder Ejecutivo Provincial, donde ni la organización gremial ni sus trabajadores tienen participación”.

“Existirá algún Director que se atreva a tomar alguna decisión que contradiga la opinión del Ejecutivo Provincial y no obstante lo cual continúe en su puesto, he aquí el claro avasallamiento en desmedro de la representación gremial por parte de los trabajadores”, reprocha el dirigente.

Asimismo, plantea que el inciso d del artículo 6° “es en extremo peligro para los trabajadores”, y lo transcribe “atento la gravedad que su aplicación apareja para los destinatarios”.

“Dice el aludido inciso que es atribución y obligación del Directorio, pudiendo delegar las mismas al Presidente: “… aprobar la dotación de personal, efectuar los nombramientos permanentes o transitorios y fijar sus retribuciones, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder…”.

“En síntesis, lo transcripto da por tierra con la pregonada vigencia de la aplicación de paritarias, en la medida en que lo que se reitera en el Estatuto de la Sociedad, dichos derechos sindicales son absorbidos por las facultades que se conceden al Directorio”, remarca la nota.

Córdoba cuestionó además otros dos artículos del proyecto que van “en detrimento de los derechos de los trabajadores”, detallando que se exceptúa a la Sociedad del Estado del alcance de la ley provincial 1.015 (régimen general de contrataciones y disposiciones comunes para el sector público) y la ley nacional 13.064 (obras públicas).

Sobre la ley 1.015, para ATE “esto significa que la Sociedad no se encuentra sometida al contralor el Tribunal de Cuentas de la Provincia”.

“Desde el punto de vista del manejo absolutamente discrecional de la sociedad que posee el estado provincial, el pretender insertar las dos normas indicadas, transforma a la misma en una sociedad con un solo dueño: el gobernador o gobernadora de turno”, remarca el escrito.

Asimismo, ATE plantea que el artículo 12 “considera el ingreso a la sociedad de personal ajeno a la DPOSS, lo que deja la puerta abierta para que, a la luz de la experiencia, los cargos de mayor jerarquía y responsabilidad dentro de la sociedad, sean ocupados por políticos afines al gobierno de turno, dejando de lado, a quienes están en condiciones de acreditar sobrada capacidad e idoneidad en dichas labores, por su largo desempeño en la dirección”.

“Solicitamos se tomen inmediata intervención se tenga por presentado dicho análisis y sus posibles consecuencias, apelamos al cumplimiento del derecho que les asiste a los trabajadores, para el buen ejercicio de los derechos laborales y sindicales”, concluye la nota.