Grababus anunció el primero de noviembre el despido de sus 130 empleados, luego de que el Gobierno de Córdoba decidiera rescindir el contrato que tenía vigente y denunciar a la empresa de evasión tributaria por 40 millones de pesos.

La firma que estaba encargada del grabado de autopartes en la provincia emitió los telegramas de despido para todo su personal y avisó que la compañía será desmembrada.

“Hasta la actualidad se llevaron a cabo cuatro audiencias de conciliación en la sede Córdoba del Ministerio de Trabajo provincial y nunca comparecieron sus titulares y/o apoderados representantes”, le dijo uno de los despedidos de InfoGremiales.

“El Gobierno provincial, no reconoce su responsabilidad solidaria por ser el contratante principal de una empresa que debió controlar para que no sean evasores del Estado, lo que no cumplió como lo exige la ley, situación que el mismo gobierno le exige a los contratistas privado”, agregó.

Por su parte, cuando inicó el conflicto, Jorge Sorensen, titular de la compañía, negó que su empresa tenga deudas y apuntó contra la Provincia por la decisión de rescindirle el contrato, con la suspensión de sus tareas.