Tras argumentar “necesidad y urgencia” para avanzar por decreto con la reforma a la Ley de ART, el Gobierno finalmente decidió convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto de ley que ya tenía media sanción del Senado. De acuerdo a la agencia oficial Télam, el presidente Mauricio Macri firmó ayer a la noche el decreto que convoca a extraordinarias entre el 10 y el 28 de febrero.

A través del decreto de necesidad y urgencia 54/2017, publicado el 23 de enero en el Boletín Oficial, el Ejecutivo había establecido su reforma al sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), con el fin de “corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas”. Se dispuso que sea “obligatoria y excluyente” la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” para el reclamo de un trabajador.

La reforma aprobada por DNU iba en el mismo sentido de la que tenía media sanción del Senado, con respaldo de la CGT, y que ahora deberá ser tratada por Diputados en sesión extraordinaria. Ese decreto tenía destino de ser desestimado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde la oposición tiene mayoría.

La central obrera había advertido que la decisión de Macri de avanzar con un decreto sería declarada inconstitucional porque “no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia”. “Veníamos trabajando hace rato con este tema. De hecho, nuestras consideraciones fueron tenidas en cuentas en el Senado. Hoy la ley de riesgos de trabajo está inutilizable y cuando lo queremos resolver aparece este mecanismo que nos genera un montón de dudas”, sostuvo Héctor Daer.

Desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria habían adelantado que acudirían a la Justicia para impugnar por inconstitucional el decreto sobre ART. “Si alguien está promoviendo la industria del juicio es quien firma el decreto de necesidad y urgencia”, dijo el titular de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde.

El Gobierno argumenta que con la reforma busca terminar con una supuesta “industria del juicio” laboral, ante lo que repone las comisiones médicas obligatorias previa a cualquier acción en los tribunales.