Sin presentar orden ni notificar a sus familiares, este martes fue detenido en su vivienda de la ciudad de Quimilí, Cariló Olaiz. Se trata de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase – VC). La irregular detención se originó por una denuncia de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien desde hace años pretende quedarse ilegalmente con 500 hectáreas de bosque provincial en una finca donde viven 60 familias campesinas e indígenas.

“Denunciamos la impunidad sistemática de Orlando Canido, dueño de la Gaseosa Manaos y con un largo historial de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas del norte argentino, que ayer mismo se reunió en Fiscalía de Estado de la Provincia con una de las abogadas de dicho organismos”, expresó el Mocase en un  comunicado que contó con las firmas de adhesión de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otros.

A su vez, el mensaje denunció también la “complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de Santiago del Estero” a quienes acusaron de favorecer siempre a terratenientes y empresas y actuar “contra las comunidades campesino indígenas”.

Este lunes Canido había pedido reunirse con la abogada Andrea Olmedo, asesora del fiscal de Estado y abogada que representa al Estado provincial en varias causas, muchas de ellas vinculadas a tierras fiscales. Al día siguiente, la fiscal Lorena Belkis ordenó el procedimiento donde fue detenido Cariló Olaiz quien junto a otros miembros del Mocase vienen defendiendo las tierras que Manaos pretende usurpar.

Un empresario con un largo historial de violencia e impunidad

Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa Manaos, presentó en 2014 un título de compra de un campo con dos lotes, de mil y de 1.163 hectáreas, ubicados en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. 

En paralelo, también presentó un proyecto agrícola a la Dirección de Bosques provincial que en un primer momento lo aprobó. Inmediatamente se inició el desmonte de 55 hectáreas que fueron frenadas por la resistencia del Mocase, quienes a su vez realizaron un reclamo judicial por la posesión de las tierras y denuncias a Canido. Frente a esta situación, la Dirección ordenó la suspensión del desmonte. Sin embargo, Canido se burló las regulaciones y avanzó sin realizar una audiencia pública. Desde entonces, los ataques de grupos armados a las comunidades campesino indígenas son sistemáticos.

A comienzos de 2016 el Mocase denunció que Canido pretendía desmontar cuatro mil hectáreas de monte nativo, donde habitan 60 familias. Asimismo informaron que sus topadoras ya habían “arrasado” 500 hectáreas “quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el Mocase”.

En julio de ese año, la comunidad Iacu Chiri – Bajo Hondo fue la víctima de una agresión de bandas armadas contratadas por Canido. 

“Han roto las piletas donde beben los animales; creemos que han tirado veneno en el pozo; quemaron los corrales de las cabras y los chanchos; quemaron la casa que estaba levantando un compañero de la comunidad; y se han llevado la bomba de agua también”, denunciaron desde la organización en ese momento.

Vale recordar que también en octubre de 2014 se difundió un video donde se veía a paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos. En aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del Lote 5 cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el Mocase denunciaba a Canido quién se presentaba “siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y diciendo que compra tierra para Amado Boudou”.

Sin embargo en 2003 se había radicado la primera denuncia contra Canido por “hostigamiento y agresiones a pobladores”. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse.