La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)es la entidad que desde 1935 regula el negocio de las farmacias en el país. Su poder de fuego reside en la capacidad para vetar la instalación de nuevas bocas de expendio de medicamentos, en su modalidad habitual y en el formato cadenas. Detrás de la sanitaria cruz verde se erige un fuerte lobby de defensa de los espacios conquistados por sus representados. Sus rivales: el Estado, la industria y las cadenas de comercialización de medicamentos, con las que libra una larga batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y espera una resolución de fondo con el mercado de la provincia de Buenos Aires como eje de la disputa, pero que podría extenderse al territorio nacional.

Según su página web, la COFA es una institución de segundo grado que agrupa a más de veinte entidades de todo el país. Tiene una matrícula que ronda los 16 mil afiliados y brinda atención a más de diez mil farmacias.

Sus matriculados ejercen en “el hospital, la industria, la docencia y el 80% de ellos en oficinas de farmacias privadas, con la clara consigna (de) que hoy más que nunca la farmacia debe insertarse en un proyecto de salud nacional que tenga sus fundamentos en la ATP (Atención Primaria) apoyada en los pilares de la prevención y la promoción de la salud”, describen en el sitio oficial de internet.

Una de sus misiones es la defensa de los derechos de los farmacéuticos: es una entidad gremial para profesionales dueños de farmacias -una suerte de sindicato patronal.

Está integrada por colegios de farmacéuticos provinciales y entidades locales, como es el caso del Círculos de Prestaciones Farmacéuticas de la ciudad de Rosario.

 

 

Presidenta de COFA, María Isabel Reinoso.

 

En la actualidad, es conducida por María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. El artículo 29 de su Estatuto establece que “la Asamblea elegirá por mayoría simple de sufragios: al Presidente, al Vicepresidente, al Secretario, al Prosecretario, al Tesorero y al Protesorero; Durarán tres años en sus cargos. Podrán ser reelectos una sola vez en el mismo cargo. Mediando un periodo de intervalo podrán ser elegidos nuevamente en los mismos cargos”. En tanto, los vocales, tienen reelección indefinida en el cargo.

DE FARMACIAS Y DESCUENTOS. El último censo de población efectuado en la Argentina en el año 2010 puso a la vista la falta de farmacias en distintas localidades de menos de tres mil habitantes. Según esos datos estadísticos, en la provincia de Buenos Aires se necesitaban entonces más de 600 farmacias.

La instalación de cadenas farmacéuticas está prohibida en suelo bonaerense. Existe desde hace tiempo una disputa judicial entre la COFA y la empresaFarmacity por el desembarco de la cadena en la provincia. La entidad sostiene que ese modelo empresario atenta contra el modelo sanitarista solidario de acceso a los medicamentos. Pero la firma argumenta que da mayores descuentos a los afiliados, por ejemplo, de la obra social PAMI.

 

 

Farmacity, vetada para entrar a la provincia de Buenos Aires.

 

El esquema Farmacity funciona desde hace años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere desembarcar en suelo bonaerense, pero, por el momento, esa posibilidad está vedada y judicializada. Sin embargo, en la provincia existen otras cadenas de farmacias, como Zona Vital (norte del conurbano), Pharma 24(sur del conurbano) y Central Oeste (oeste del conurbano). Las tres firmas se encuentran en zonas densamente pobladas, donde la demanda de medicamentos es alta, por obvias razones.

Desde COFA sostienen que, en el mediano plazo, la instalación de este modelo de empresas atentará contra el actual modelo de cercanía en la relación farmacia-cliente. Pero informes estadísticos gremiales indican que entre 2009 y 2017 aumentó un 7% la instalación de farmacias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 23% en la provincia.

Más allá de datos y cifras, lo concreto es que este año la COFA dirimirá una batalla judicial central, que puede cambiar el sistema de ventas de medicamentos en el país. El teatro de operaciones será la Corte Suprema federal, donde llego un voluminoso expediente de largo recorrido: comenzó en la provincia de Buenos Aires en 2012. En todas las instancias judiciales, le dieron la razón a COFA en su disputa con Farmacity.

 

PARITARIASLa COFA, en representación de los dueños de farmacias, es una de las partes que se sienta a la mesa de negociación paritaria con el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que representa a los trabajadores profesionales bioquímicos, químicos y farmacéuticos. Los trabajadores no jerarquizados están nucleados en la Asociación de Empleados de Farmacia (AdEF) y discuten paritarias nacionales con otra entidad, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACaFa).

 

Pero la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) -donde también COFA da pelea a las cadenas de farmacias- determinó, luego de una larga investigación (ver documento completo al final de esta nota), que las entidades que representan a las farmacias (COFA, FACAF y AFMySRA) discriminaron a Farmacity con el propósito de excluirla de la dispensa de medicamentos a los afiliados del PAMI a través de distintas medidas, principalmente dos:

* Negación de las altas para atención a PAMI para las nuevas aperturas de farmacias realizadas por Farmacity desde junio de 2010 (esta restricción también se extiende a otras prepagas y obras sociales además de PAMI).

* Un esquema de bonificaciones (comisiones que pagan las farmacias) con porcentajes máximos para aquellas farmacias con mayor cantidad de bocas registradas bajo un mismo número de CUIT, siendo Farmacity la única que cumple esa condición.

 

La COFA argumenta que estos porcentajes se aplican según el nivel de facturación y la densidad poblacional de la zona en la que están radicadas las farmacias. Eso no aplica para Farmacity, ya que les aplican el mismo criterio a todas sus farmacias por ser un único CUIT, cuando tienen 245 farmacias con realidades muy distintas en cada lugar.

En una resolución de ese expediente, al que accedió Letra P, las cámaras farmacéuticas reconocen que vetaron la instalación de Farmacity. La sola oposición de COFA (o de otras entidades similares, como FACAF y AFMySRA) “es suficiente para negar el alta de una nueva farmacia”, según se desprende del texto oficial. Allí reside uno de los poderes de estas instituciones. No cualquiera puede abrir una farmacia sin pasar por su escáner.

Pese a la tenaz resistencia de COFA, Farmacity logró abrir nuevos locales en todo el país entre los años 2011 y 2016. Dos de ellos, en la provincia de Buenos Aires, según los estados contables de la empresa, tal como figura en el expediente de la CNDC.

Para la CNDC, la venta de medicamentos a los afiliados del PAMI debe ser considerada “un mercado relevante en sí mismo” por el volumen de “los beneficiarios” de la obra social, “que son una población añosa y que, por ende, tiende a tener un mayor consumo per cápita de medicamentos, así como también utilizar medicamentos de mayor precio”.

Además, el organismo estableció que “la potencialidad de cierre anticompetitivo del mercado afectado imputable a las conductas objetadas es lo suficientemente alto como para constituir una restricción de la competencia con capacidad y probabilidad suficientes para perjudicar el interés de los beneficiarios del PAMI, del propio PAMI y en del interés económico general”.

Este argumentación fue un revés a las pretensiones de COFA de anular a Farmacity en la venta de medicamentos a los jubilados y es un mal antecedente en la previa de la contienda judicial en la Corte.