Los dos grupos de tenedores de bonos bajo legislación extranjera, que hicieron pública su nueva propuesta para cerrar un acuerdo, defendieron hoy el "esfuerzo y la coordinación" para arribar a esa iniciativa e instaron al Gobierno a "actuar ahora" y  aceptar esos términos dado el "sustancial alivio de deuda" que implica para el país.

Eso, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró en la noche del jueves que la contraoferta como un avance, aunque planteó que era insuficiente para cerrar ya un acuerdo.

En un comunicado conjunto distribuido este viernes, los grupos Ad Hoc, que incluye a los grandes jugadores como fondo Blackrock, y el Exchange Bondholder Group, que suma a los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010, difundieron además detalles de la contrapropuesta realizada durante la última semana.

En ese sentido, expusieron la nueva oferta de los bonistas, que implica un alivio del servicio de deuda de u$s 36.000 millones en 9 años, incluye la reducción de intereses de 32% promedio y no considera el pago de amortizaciones hasta 2025, remarcaron.

Así, la tasa de los cupones, en promedio, sería del 4,25%, "una tasa que actualmente solo se reserva para los (bonos) soberanos de más alto grado de inversión en América latina", según un comunicado del grupo.

"Confiamos en que nuestra nueva propuesta conjunta proporcione la base para una solución de colaboración que sirva tanto al interés del pueblo argentino como a ayudar a restaurar la confianza de la comunidad financiera internacional", enfatizaron los acreedores en el comunicado.

Ambos grupos de bonistas poseen el 31% de los bonos de los canjes K, y del 32% de los títulos lanzados por la gestión de Mauricio Macri enfatizaron que la propuesta mejorada "representa la posición de consenso de una amplia sección transversal de tenedores de bonos de deuda argentina en todo el espectro de vencimientos".

"Los términos han sido cuidadosamente diseñados para lograr una distribución equitativa de la carga por parte de los tenedores de bonos en todos los instrumentos pendientes. Creemos que la lógica convincente de nuestra propuesta conjunta debería permitirle obtener un amplio apoyo de los tenedores de bonos institucionales y minoristas por igual", enfatizaron.

Tras recordar que pese al default en el que incurrió Argentina el pasado viernes 22, cuando decidió no pagar intereses de los bonos Global por u$s 500 millones, los bonistas siguieron "negociando con las autoridades argentinas de buena fe y con el objetivo de encontrar una solución consensuada",

"Alentamos al gobierno argentino a actuar ahora y comprometerse con nuestra nueva propuesta que ya cuenta con el apoyo de los dos grupos de tenedores de bonos más grandes de Argentina", exhortaron.

Y completaron con que la "propuesta conjunta proporcionará un amplio espacio fiscal para que la administración argentina implemente políticas responsables diseñadas para abordar los desafíos económicos y sociales inmediatos que enfrenta, incluso en respuesta a la crisis de COVID-19, al tiempo que preserva el valor para los tenedores de bonos internacionales".

Según detallaron, la propuesta -que para Economía es una buena señal pero insuficiente- incluye:

Importante alivio inicial del flujo de caja en los próximos años (2020-2023), satisfaciendo las necesidades de Argentina. Una combinación de cupones de efectivo particularmente bajos y extensiones de vencimiento ofrece un alivio de u$s 23.800 millones en el período de 4 años.Reducciones de cupones promediando 32%, llevando su tasa de cupón promedio a 4.25%, una tasa que actualmente solo está reservada para los soberanos con mayor grado de inversión en América latina y en los mercados emergentes.Alivio a las futuras presiones de refinanciamiento. Los nuevos bonos emitidos según esta propuesta han extendido los vencimientos en comparación con el stock de deuda existente, con un vencimiento promedio de 13,3 años y sin pagos de amortización hasta 2025.Alivio sustancial del flujo de efectivo durante casi una década.

La propuesta conjunta proporciona a Argentina un alivio total del flujo de efectivo superior a u$s 36.000 millones durante un período de nueve años y está diseñado para encajar tanto en el marco macroeconómico expresado por el Gobierno como en el marco de sostenibilidad de la deuda del FMI.