La semana pasada, entre los interlocutores del Gobierno con los gremios primaba el optimismo. Creían que el resultado electoral obligaría a la Confederación General del Trabajo a retroceder con la anunciada movilización del próximo martes, para no quedar pegado a un kirchnerismo presuntamente en retirada. Pero la buena performance del Ejecutivo a nivel nacional y “el empate técnico” en la provincia de Buenos Aires no fueron suficientes.

“Estamos en desacuerdo con el diagnóstico que brindaron los gremios. El empleo sigue creciendo y la inflación está bajando. Es una medida política”, dijo el ministro de Trabajo Jorge Triaca a Clarín.

Una alta fuente oficial se mostró más molesta. “Por ahí no se cagan a trompadas, pero va a haber quilombo”, pronosticó, como si fuera un deja vú de la movilización del 7 de marzo pasado, antes del primer y único paro general en contra de la administración de Mauricio Macri.

Triaca entonces dio el mismo veredicto. Según su visión, la medida respondía más al calendario electoral que al interés de los representantes de los trabajadores, a quienes “corrían por izquierda”, en palabras oficiales.

Hace siete días, el Gobierno apostaba a relanzar la relación con los gremios y replicar un Consejo Económico y Social, "a la europea". Hoy duda.

En 2016, la Casa Rosada había convocado al Diálogo por la Producción y el Trabajo. Para darle un marco institucional, el Presidente firmó un decreto para crear la mesa de negociación en la que se sentarían los gremios, representantes del mundo empresario y del Gobierno para discutir "la creación de empleo, la protección del valor adquisitivo del salario y el crecimiento de la producción”. La fantasía pergeñada en Jefatura de Gabinete duró poco. “Se suspende el diálogo, se quebró la confianza”, sentenció Juan Carlos Schmid, uno de los tres jefes de la CGT, en febrero.

El Gobierno desde entonces avanzó solo con las mesas sectoriales. Ahora, con la perspectiva de la futura conformación del nuevo Congreso, en el Gobierno se ilusionaron con una nueva mesa con los tres actores. En el Ejecutivo sostuvieron que el Diálogo por la Producción fracasó porque faltan asociaciones que puedan adjudicarse la representatividad de las cámaras empresarias y de los Trabajadores.

Ahora, pretendían encontrar herramientas para “obligar” al Congreso a discutir los proyectos consensuados que de allí emergerían con un respaldo sólido. “Mauricio volvió encantado con el mecanismo de resolución de conflictos de Holanda y nos pidió avanzar en esa dirección”, confió un ministro.

En el la cartera de Triaca también tomaron nota y empezaron a avanzar con borradores para emular casos como el holandés, el alemán y el español. El Consejo Económico y Social de Holanda, por ejemplo, tiene 33 miembros, que representan a los sindicatos, a las grandes empresas, a las Pymes, asesores, Gobierno y ONGs.

Una cosa es segura en el macrismo: los partidos de la oposición no estarían invitados a la mesa. La incógnita que persiste es cómo harían para persuadir al Congreso. En el oficialismo apuestan a un nuevo clima social.

Una semana después, tras el fracaso para que la CGT desandara la convocatoria a la movilización, en el Ejecutivo ven más lejana la posibilidad. “Falta madurez”, se quejan.

En el Gobierno -que cuenta con el apoyo de las 62 organizaciones-, con una relación inviable con Pablo Moyano y una relación tensa con los gremios del Transporte, insisten en que el mejor escenario para el Presidente no sería el de una CGT fracturada; sino el de una capaz de sostener sus promesas y acuerdos. “La actual dirigencia no es capaz”, sentencian.

De todos modos, en el Gobierno no dan por perdido el nuevo Consejo. Apuestan a que un resultado electoral positivo para Cambiemos en octubre, sumado a una recuperación económica más palpable, obligue a las centrales obreras a sentarse a la nueva mesa.