Ante la creciente preocupación por el cierre de equipos petroleros que lleva adelante la nueva dirigencia de YPF, el líder del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, que visitó ayer la redacción de Ámbito Financiero. aseguró que es necesario que el Gobierno nacional defina "si vamos a autoabastecernos o nos vamos a dedicar a importar", y acusó de querer "pasar el costo" de la recesión en la actividad "a los trabajadores".

Periodista: ¿Cómo vienen las negociaciones con YPF en cuanto a las actividades de la empresa en Chubut y Santa Cruz?

Jorge Ávila: La situación es grave porque la empresa ya desactivó en Santa Cruz nueve de los 14 equipos que tenían anunciado, y en Chubut ya paró seis desde diciembre último. El mayor problema es la inversión, ya que lo presupuestado se terminó antes de tiempo en comparación con los años anteriores. Un ejemplo: en Chubut dijeron de invertir u$s470 millones, similar a 2015, pero u$s205 millones fueron destinados a energía eólica y no quedaron fondos para mantener los equipos hasta fin de año. No hay más plata ahora, vinieron nuevos directivos de la empresa con una mentalidad más capitalista, no de una empresa comprometida con la provincia y los trabajadores, y el costo lo quieren pasar a los trabajadores.

P.: ¿Por qué no acuerdan con la empresa un plan para girar el trabajo a la energía eólica?

J.A.: Es otra formación laboral y es un trabajo por única vez. No es como los pozos que vos salís de un lado y vas a otro. Y si no se consigue la plata para la inversión, es imposible mantener los equipos y los puestos laborales.

P.: ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con YPF?

J.A.: Anteayer me junté con la gente de Comodoro Rivadavia y ayer con la gente de Buenos Aires.

P.: ¿Y qué le dijeron?

J.A.: Que la situación es compleja y que siguen con la idea de bajar la cantidad estipulada de equipos. En Santa Cruz sacaron una ley que dice que toda empresa que echa gente se tiene que ir de la provincia, entonces habría que plantear que si despiden gente, se le pueden sacar las áreas de concesión.

P.: ¿Cuál es su postura sobre la audiencia pública que se inicia pasado mañana por tema gas?

J.A.: Lo del tarifazo fue una locura. Hay que reconocer que los precios había que aumentarlos, pero no de la manera que se hizo. Todo fue producto de no tener una política energética y de no tener una idea clara en cuanto a si vamos a autoabastecernos o nos vamos a dedicar a importar.

P.: ¿Habló sobre esto con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren?

J.A.: Dos veces estuve con él y siempre salió el mismo tema, cómo aumentar la productividad. Ponen el ejemplo de los Estados Unidos y no es lo mismo, porque allá tienen la materia prima y acá todo hay que importarlo: cañería, equipos, lo que representa un costo altísimo. Hasta hace poco, para entrar herramientas estabas hasta casi 30 meses con los materiales parados en la Aduana; ahora por suerte ya se puede hacerlas entrar pero no hay plata.

P.: A su criterio, ¿cómo se manejó la gestión anterior de YPF en comparación con la actual?

J.A.: Hasta diciembre pasado estábamos discutiendo Impuesto a las Ganancias y ahora discutimos despidos, nos cambiaron la página. Esperemos que se lleve el gas en boca de pozo a u$s15, que se irá licuando hasta 2019.

P.: Si el gas es una buena variable a explotar, ¿cuánta inversión se necesita?

J.A.: En Chubut, por ejemplo, para trabajar 100 pozos se necesitarían entre u$s2.000 y u$s3.000 millones, pero es una buena apuesta porque lo compra el propio Estado. Pero si YPF sigue bajando equipos de petróleo, va a haber una ola de despidos. No es la YPF que peleamos para que vuelva al Estado. Si bien tuvimos las mismas peleas con -el ex CEO de la empresa, Miguel- Galuccio, él conocía el tema, sabía lo que era el petróleo. En cambio -el actual líder de la empresa, Miguel Ángel- Gutiérrez parece que sabe más de teléfonos que de petróleo. Además, todo podría acentuarse tras el reciente acuerdo entre Neuquén, Río Negro y Casa Rosada por Vaca Muerta. Se va a desproteger al resto del país y no vamos a permitir que una provincia tenga mayores beneficios que otras.