“Hay diecinueve provincias en conflicto”

“Hay diecinueve provincias en conflicto”

La medida de fuerza de ayer fue convocada por la Ctera, que también presentó una denuncia contra el Gobierno, ante la OIT, por lesionar el derecho a la negociación colectiva. Hoy participan del paro todos los gremios. La situación en los diferentes distritos.

En el primer día de una nueva jornada de protesta nacional, la Ctera denunció ante la Organización Internacional del Trabajo al gobierno macrista, al que acusó de lesionar el derecho a la negociación colectiva –no convocando a la paritaria– y perseguir a las organizaciones sindicales y sus dirigentes. Ayer, la medida de fuerza dejó sin clases a las escuelas públicas de distritos como Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco –entre otros–, mientras que hubo provincias que adhirieron con movilizaciones. La totalidad de los gremios docentes se sumará hoy a la huelga general.  

“El reclamo es simple, pero el Gobierno ha dado respuestas que no ayudan en nada a llegar a un acuerdo. Hay diecinueve provincias en conflicto, y esto pasa porque las propuestas salariales son bajas. Faltan fondos. Nosotros advertimos sobre las consecuencias que traería la intención de no llamar a la paritaria federal y ponerles un techo a las negociaciones”, señaló sobre la situación Sonia Alesso, la secretaria general de Ctera.

La dirigente habló desde su provincia, Santa Fe, donde los maestros realizan un paro de 48 horas y tienen aprobado otro de la misma duración. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires una delegación de Ctera abrió el expediente contra el Gobierno en la sede local de la OIT. El escrito fue entregado al director de la oficina de la OIT en la Argentina, Pedro Furtado, por el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, Roberto Baradel (Suteba), Eduardo López (UTE) y Eduardo Pereyra (secretario de relaciones internacionales de Ctera).

La demanda señala que el gobierno nacional incumple con el derecho a la negociación colectiva al no convocar a la paritaria federal de educación, cuyo llamado está previsto por la ley.

Además, carga puntualmente contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por violar derechos sindicales, utilizando recursos públicos para pagar un plus a los docentes que no hacen huelga, con el pedido de quita de la personería gremial a los sindicatos que no acataron la conciliación obligatoria –las organizaciones la desconocen porque fue dictada por el propio gobierno, que es parte del conflicto–, la ofensiva contra Baradel a través de medios afines –el cuestionamiento sobre si tenía o no título,  el invento de una fastuosa fiesta para su hija, la intención de estigmatizarlo–.

En la audiencia que los dirigentes mantuvieron con el representante de la OIT, le plantearon que el embate de Cambiemos contra los docentes está en la línea del que realizó el menemismo contra los trabajadores ferroviarios, y la administración de Margaret Thatcher contra los mineros. Es decir, que se trata de una punta de lanza para, quebrada la huelga, avanzar de modo más general sobre los derechos de los trabajadores con reformas de corte neoliberal.

Aunque la provincia de Buenos Aires, con la dura posición de Vidal contra los gremios, viene siendo el foco de la atención del conflicto docente, en el país hay 19 provincias que no firmaron las paritarias locales, algunas con conflictos también difíciles. Las gobernaciones se mantienen con ofertas que están diez o quince puntos por debajo de lo que piden los docentes y, como herramienta de presión para quebrar las huelgas, han extendido los descuentos de los días no trabajados.

En Entre Ríos, luego de la toma del edificio del Consejo General de Educación, los docentes armaron una carpa blanca frente a la gobernación y denunciaron que los recortes de sus sueldos se implementaron de manera irregular.

En Córdoba, desde el inicio de marzo los maestros vienen cumpliendo paros intermitentes en rechazo al porcentaje del 19,5. Frente a los descuentos, decidieron recurrir a la Justicia para hacer valer una cláusula de amparo de 2016, que establece que si la patronal incumple un acuerdo, no puede aplicar descuentos por los días de paro que originó su incumplimiento. 

En Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz endureció su postura y se sumó a la ola de descuentos. Anunció que, a partir de esta semana, las escuelas tendrán que informar quiénes hacen paro. La decisión fue tomada después de que los estatales de Amsafé y los privados del Sadop rechazaron una propuesta del 25 por ciento en tres cuotas, por considerarla insuficiente. Los dos gremios cumplen en este momento un paro de 48 horas.

En Santa Cruz, los docentes hacen esta semana un paro de 120 horas. Los gremios reclaman un salario mínimo de 20.500 pesos, y denuncian también que hay trabajadores a los que todavía les deben parte de los sueldos de febrero. La semana pasada ya hubo cinco días de medidas de fuerza.

En el Chaco también hay una huelga de dos días. El panorama pinta muy complicado porque la oferta salarial fue del 4,5 por ciento. El descontento se agravó con la centralización de Reconocimientos Médicos en la capital, Resistencia, lo que perjudica a los maestros del interior de la provincia.

En Mendoza, provincia en la que el año pasado fue impuesto el ítem aula, un pago por presentismo que los maestros dejan de percibir aunque tengan justificada una falta por razones médicas, la gobernación de Alfredo Cornejo (UCR) dio un paso más y advirtió que los maestros que hoy, por el paro general, no se presenten a trabajar sufrirán el descuento del día más la pérdida del presentismo. Ante el argumento de que no habrá transporte público, la cartera de Educación indicó que los maestros, en caso de no encontrar el modo de llegar a su escuela, deberán ir a la más cercana para dar el presente.

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