Lucas Fernández Aparicio fue confirmado este martes como nuevo secretario de Trabajo, después de que el propio Mauricio Macri habilitó su desembarco en el Ministerio de Producción. Su llegada a la cartera que dirige Dante Sica, anticipada por Letra P hace diez días, es un reconocimiento a su trabajo en el Ministerio de Transporte y, a su vez, la decisión de acercarla al empoderado ministro un interlocutor más fino con los sindicatos de las ramas transportistas.

"Lucas Fernández Aparicio es el nuevo secretario de Trabajo y reemplaza a Horacio Pitrau. Hasta hoy se desempeñaba como presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). También cumplió funciones en Ferrobaires y colaboró en los ministerios de Trabajo y Transporte de la Nación", dice el comunicado que hizo llegar por mail la cartera productiva.

De amplia trayectoria gremial en la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Aparicio sólo interrumpió su trabajo junto a Guillermo Dietrich para ocupar una secretaría en la cartera laboral en tiempos de Jorge Triaca, con quien tuvo cruces por su incidencia en las negociaciones con los gremios del transporte. Esa relación con los transportistas es hoy el mayor capital político con el que llega a la Secretaría de Trabajo. 

“Lo que hagamos no se lo lleva nadie” dijo @Guillodietrich. Después de años, en la Argentina estamos #HaciendoLoQueHayQueHacer pic.twitter.com/7eNWFtB6ZC

— Lucas Fernández Aparicio (@LucasFAparicio) 26 de septiembre de 2018

Más allá de una eventual injerencia de Dietrich en Producción, el desembarco de Aparicio es ganancia para Sica, porque complementa la llegada a sectores gremiales en los que Sica no tiene tanta influencia como, por ejemplo, entre los sindicatos industriales. A muchos de ellos, por caso, los asesoró durante décadas.

La llegada del ex funcionario de Transporte ampliará entonces el abanico de relaciones gremiales a un sector clave para cualquier medida de fuerza sindical y que, además, representa uno de los desafíos para el gobierno en 2019: el transporte. Con el conflicto aeronáutico en curso y las demandas de los gremios agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid, Aparicio jugará un rol clave a la hora de segmentar los reclamos que abarcan la oposición frontal a la política aerocomercial de cielos abiertos hasta las denuncias del impacto del Impuesto a las Ganancias en los salarios.

Ante la consulta sobre qué opinan sobre la designación, algunos dirigentes del sector la consideraron positiva. Principalmente, porque define un interlocutor conocido y conocedor de la realidad del transporte, en contraste con el desgastado vínculo con Triaca.

Acompañé a @Guillodietrich y a @OrfilaMarcelo a la inauguración de las instalaciones de descanso para el personal de la #EstaciónConstitución. En un año, 500 trabajadores de diferentes gremios transformaron un lugar abandonado en un espacio digno para poder esparcirse. pic.twitter.com/sFhlYiEqHo

— Lucas Fernández Aparicio (@LucasFAparicio) 1 de agosto de 2018

Quienes sí ven con preocupación el ascenso del Aparicio son los gremios enfrentados a la actual conducción de la CGT, que temen un desequilibrio aún mayor que en la era Triaca, en contra de los gremios combativos. Ese temor tiene fundamentos: tanto el gremio de los Metrodelegados como el que organiza a los trabajadores ferroviarios jerárquicos tuvieron malas experiencias con el funcionario. Los abogados que patrocinan al sindicato del Subte denunciaron penalmente a mediados de año a Aparicio y a Adolfo Zamudio, ex director de Relaciones Laborales, por actitudes contra la libertad de trabajo y asociación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Incluso, por amenazas coactivas. 

En el gremio que dirige Roberto Pianelli denunciaron que Aparicio fue el funcionario detrás de la decisión de impedirles a los trabajadores del subte la posibilidad de cotizar sus aportes sindicales a través del recibo de sueldo, como medida disciplinadora por no acordar una paritaria en el rango de lo establecido por el Ministerio de Trabajo.

En el caso de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA), la denuncia fue por la falta de homologación de las autoridades gremiales que derivó en una denuncia penal por “abuso de autoridad y coacción agravada” contra varios funcionarios.