Difusión de datos: el Suoem protesta con asambleas y mañana va a la Justicia

La difusión pública –por primera vez– de la nómina­ completa de empleados municipales y una referen­cia genérica sobre sus salarios básicos, explotó como una bomba en la relación entre la Municipalidad de Córdoba y el Suoem, y al menos durante esta semana tendrá tono de conflicto gremial y legal.

 

Este repentino punto de fricción vino a alterar la paz que las partes habían sellado tras discutir una paritaria con reglas de juego vigentes hasta fin de año.

 

El Suoem ratificó para hoy la realización de asambleas de dos horas por turno (la modalidad depende de cada dependencia) en repudio a la actitud del Ejecutivo, de difundir datos personales.

Las protestas con esa modalidad ya arrancaron el pasado viernes y en el caso de hoy serán la antesala de una reunión del cuerpo de delegados para evaluar otras posibles acciones.

“Nos vamos a ver en la Justicia y en la calle, porque la gente está muy caliente”, dijo el viernes el titular del Suoem, Rubén Daniele, y anoche lo reiteró ante una consulta de este diario.

La contraofensiva gremial en Tribunales irá por dos vías. Una es una denuncia penal contra los principales funcionarios municipales, por presunta violación a las ley nacional N° 25.326, referida a protección de datos personales.

Los asesores legales del gremio interpretan que esa norma reglamenta el artículo 53 de la Constitución, que prevé el habeas data y consideran que el municipio ha violado la ley al difundir datos personales de sus empleados.

En esto Daniele fue categórico. “No nos afecta y hasta nos parece bien que difundan lo que ganamos y cuánto es el gasto salarial. El problema son los datos personales”, dijo, en referencia a nombre, apellido y DNI de cada agente, que están subidos a https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar.

En la denuncia penal, cuya redacción se estuvo puliendo el fin de semana, el Suoem invoca el artículo 157 bis, inciso 2 del Código Penal, que impone “pena de prisión de un mes a dos años a quien ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley”.

La misma norma fija pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años, en caso de que el autor del delito sea funcionario público.

En paralelo a ese planteo penal, el Suoem dice que iniciará un proceso para intimar a que el municipio “baje” de su página web en el término de cinco días los datos personales de sus agentes.

Esa estrategia gremial choca contra la ratificación plena que sobre todo lo actuado hizo el intendente Ramón Mestre, quien reivindicó como herramienta republicana la difusión plena de datos de la administración y también invocó la ordenanza de acceso a la información pública que obliga a dar hacer públicos esos mismos datos.

En lo político, Mestre cosechó un fuerte espaldarazo de parte del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ya que el tema de la nómina salarial alcanzó repercusión mediática nacional.

Este punto llevó al propio Daniele a interpretar que la movida de Mestre podría apuntar a granjearse simpatías entre los vecinos. “Pegarnos a nosotros siempre da réditos hacia afuera”, repite con frecuencia el líder del Suoem.

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