RÍO DE JANEIRO.- Con el gobierno brasileño confiado en que saldrá airoso de las acusaciones de corrupción que enfrenta, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados empezó ayer a analizar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República contra el presidenteMichel Temer y sus principales asesores, esta vez por intento de obstrucción de la justicia y asociación ilícita en escándalos de sobornos relacionados con grandes empresas, como el frigorífico JBS y la constructora Odebrecht.

Tras intensas negociaciones con sus aliados en la Cámara baja en los últimos días, el Palacio del Planalto obtuvo de entrada dos victorias en la comisión. Primero, el presidente del colegiado, Rodrigo Pacheco -correligionario de Temer en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)-, rechazó considerar por separado las demandas contra el mandatario y sus ministros Eliseu Padilha, jefe de Gabinete, y Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia; la separación podría haber alargado el proceso y desgastado aún más a Temer, quien cuenta con apenas un 3% de popularidad, según la última encuesta de Ibope.

Y luego el diputado relator de la denuncia, Bonifacio Andrada -del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, principal socio del gobierno-, recomendó a la comisión que archive la demanda por considerar que no hay pruebas "reales y concretas" contra el presidente y sus ministros en la acción criminal que presentó el fiscal general Rodrigo Janot el mes pasado, justo antes de terminar su mandato al frente de la procuraduría.

"No hay justa causa para el proseguimiento de las acusaciones criminales. En ese sentido, voto por la inadmisibilidad de la denuncia", afirmó Andrada, ante la satisfecha mirada de los diputados oficialistas, en mayoría. El informe y el voto del relator no son vinculantes; la cuestión deberá ser analizada luego por el conjunto de la comisión, y finalmente votada por el plenario de la Cámara de Diputados. Allí requeriría un apoyo de dos tercios para que sea aprobada la moción de censura que obligaría a Temer a dejar el poder por hasta seis meses, mientras dure el eventual juicio ante el Supremo Tribunal Federal. Hoy, ése es un escenario muy poco probable y se prevé que el gobierno logrará sortear los obstáculos con facilidad en las próximas dos semanas.

Al igual que en la primera demanda contra Temer, por corrupción pasiva, que fue rechazada por una amplia mayoría de la cámara, esta nueva denuncia tiene como eje el acuerdo de delación premiada alcanzado con la justicia por los dueños del frigorífico JBS, los hermanos Joesley y Wesley Batista, hoy presos por violar las condiciones del acuerdo judicial. Para librarse de las investigaciones por corrupción en su contra, los Batista ofrecieron a la Procuraduría General de la República entregar la grabación clandestina de una conversación con Temer en la que el mandatario parecía aceptar el pago de sobornos al PMDB y la compra del silencio de dos detenidos cuyas potenciales delaciones podrían incriminar al presidente: el ex presidente de Diputados Eduardo Cunha y el operador pemedebista Lucio Funaro.

Andrada, el diputado relator de esta nueva denuncia, desestimó aquel polémico audio, en el que se hacían referencias también a que el PMDB había recibido sobornos de otras grandes empresas, entre ellas la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en la operación Lava Jato.