Dirigentes toman envión por la nueva Ley de Financiamiento Educativo

Dirigentes toman envión por la nueva Ley de Financiamiento Educativo

Dirigentes y docentes pampeanos se resisten a pensar en un retroceso en materia de inversiones en educación pública. Y al menos desde la provincial UTELPa y la nacional CTERA se advierten señales en esta gestión de Gobierno de la posibilidad de un retroceso, puntualmente a ‘los ‘90’ según coincidieron en esta ciudad las máximas referentes en el orden local y provincial.

 Ante colegas, concejales y algunos funcionarios de la Municipalidad de General Pico, Claudia Fernández (titular de UTELPa), Noemí Tejeda (CTERA) y la local Rosana Gugliara (UTELPa), expusieron por varias horas fundamentando las pretensiones de afianzar el proyecto presentado en noviembre de 2015 por la entonces diputada nacional Adriana Puiggrós.

Quizás la platea que se formó esa tarde en la sede local de la UTELPa no fue la suficiente como la que deseaban los organizadores, pero los docentes tienen eso de la transmisión inmediata y es casi seguro de que la fundamentación planteada por los dirigentes se habrá multiplicado con el correr de las horas. Es que uno de los objetivos centrales de la CTERA es tratar de incidir en que las políticas públicas se orienten a cumplir plenamente con el derecho social a la educación. Y no es menos cierto que obtener la sanción de la nueva ley es todo un desafío para los dirigentes, especialmente porque lo que se juega aquí es modificar la actual que resulta insuficiente para poder alcanzar las metas que marca la Ley Nacional de Educación.

Entender las razones

Lo justo, para entrar en tema, sería recordar que en el año 1992, producto de una carta de intención que firmó el Gobierno de Carlos Menem con el FMI, el Estado nacional transfirió la educación a las provincias, pero no así los recursos para su financiamiento. Esto derivó en el desmembramiento del sistema educativo, lo que dio inicio, además, a una disparidad en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje entre las provincias que tenían mayor presupuesto y las más débiles económicamente. Este desfasaje incluyó diferencias salariales y de condiciones de trabajo que hasta entonces no existían.

Con la progresión de la crisis de los ‘90 muchas provincias comenzaron a pagar con bonos y luego ni eso. En 1997 siete provincias no pagaban los salarios a sus docentes, lo que hizo que la educación de niños y jóvenes se viera fuertemente afectada. El desfinanciamiento de la educación llevó a que los docentes montaran la histórica Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación para llamar la atención de todos los argentinos sobre la grave situación por la que pasaba la educación pública. Los reclamos hallaron eco en 2005 cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26.075). Por entonces el presupuesto para educación apenas superaba el 3 por ciento del PBI. La ley dispuso un aumento gradual del porcentaje hasta llegar al 6 por ciento del PBI, meta que se alcanzó en 2010 y que fue superada en años posteriores.

Poco después fue sancionada otra norma fundamental, largamente demandada por los docentes: la nueva Ley Nacional de Educación (Nº 26.206), que dispuso la obligatoriedad de la escuela secundaria y de la sala de 5 en el nivel inicial y la universalización de la sala de 4 (que también comenzó a ser obligatoria en 2015). Alcanzar esos objetivos demanda una mayor inversión. Y también lo requiere el cumplimiento de otras normativas dispuestas luego de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2005, como la jornada completa o extendida en el 30 por ciento de las escuelas y la formación docente permanente y en ejercicio.

Ahora se suma la obligatoriedad de la sala de 3 (lanzada por el presidente Macri en La Pampa), y con ese acto bajar la tasa de sobriedad en la escuela primaria, mejorar las tasas de egreso en la secundaria, la creación de equipos de orientación escolar, tutorías, la enseñanza de una segunda lengua, la erradicación definitiva del analfabetismo, la incorporación de nuevas tecnologías y conectividad en todas las escuelas, la organización escolar con un máximo de 25 alumnos por curso, la integración plena de alumnos con discapacidades, entre otros. Para eso se necesitan más docentes, más aulas, más insumos, más infraestructura.

También para la jerarquización de la carrera docente es necesario un salario que permita vivir con un sólo cargo que comprenda horas áulicas y horas pagas para el resto de las tareas pedagógicas, terminando además con el régimen laboral de los profesores llamados ‘taxi’, que tanto dificulta el vínculo pedagógico con los alumnos. Por eso, los docentes plantean a la sociedad a través del proyecto Puiggrós, que se encuentra en estado parlamentario, que la inversión en educación comience a aumentar año a año hasta alcanzar el 8 por ciento del PBI para la educación obligatoria y el 2 por ciento del PBI para la educación superior. Es decir, un total del 10 por ciento del PBI.

El proyecto también contempla que se invierta la proporción de los aportes del Estado nacional y de las provincias, que actualmente llevan el mayor peso ya que sostienen el 60 por ciento del financiamiento. La idea sobre la nueva ley, según Gugliara, “es que todas las seccionales tengan la información suficiente sobre la fundamentación y por ello desde la UTELPa, convocamos también a las distintas organizaciones políticas, sociales, municipales y legislativas y a la comunidad porque cuando hablamos de mayor presupuesto en educación tiene que ver con seguir apostando a la escuela pública que incluya, que pueda enseñarle a todos los chicos y chicas con igualdad, especialmente porque la educación es un derecho social”.

“Algunos pasos importantes hemos dado en los últimos años. entre ellos la ley 26.075, y podemos incluir como beneficio a los ciudadanos los 14 años de obligatoriedad en el sistema educativo, que haya un 22 por ciento más de alumnos en el sistema nos compromete y hace que impulsemos como sociedad una nueva ley de educación. La ley nos ha posibilitado a nosotros desde la Asignación Universal por Hijo, planes que tenían que ver con la inclusión, es decir que vino todo todo un andamiaje para que realmente se pudiera dar el derecho social a la educación, cuestión que vamos a tener que seguir batallando” instruyó Fernández.

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