Esta situación de hartazgo hizo que fuera eyectado el anterior interventor de la Sociedad Aguas del Tucumpán (SAT), Alfredo Calvo, y reemplazado por Fernando Baratelli. Con la estrategia de la sinceridad, este enfrentó casi todos los cuestionamientos. “Es cierto que la gente va a la SAT y no soluciona nada. Lo que pasa es que nuestras áreas operativas trabajan sobre una cañería cuando se debería trabajar sobre la red”; “debe haber mucha gente disconforme pero no podemos ir al 100% de los reclamos porque no se puede”; “los trabajos previos no se hicieron bien”. Y así. El reconocimiento implicaba incluso generar, primero, la sensación de que el cambio era casi imposible: “Sin inversión, esto no va a cambiar”; para renovar las redes de toda la provincia harían falta “$1.500 millones anuales, de manera sostenida, durante 15 años”; “hace falta un megaplan”. Después del susto, venía la calma: “con un financiamiento de $ 35 millones mensuales, tendría oxígeno para salir a tapar las roturas y para renovar tramos cortos de cañerías”. Y luego decía, suavemente: “considero prudente que se actualice la tarifa”.

Pedido de emergencia ambiental

En ese contexto, bien hubiera valido la pena atender el reclamo de una lectora que en marzo pedía la emergencia ambiental por los desbordes cloacales. Graciela Tonello, profesora de Psicología Ambiental, dijo que quienes viven en medio de desbordes cloacales tienen afectada desde su interacción social hasta su salud mental. “No es una cuestión de estética urbana sino de salud”. Tonello relató que le causó fuerte impacto que el mismo día que se publicaba su carta (11/3) aparecía la entrevista con Baratelli en la que este decía que hacían falta 1.500 millones durante 15 años.

Desde diciembre a esta parte, incluyendo la escandalosa audiencia de febrero -que terminó suspendida y diluida en el tiempo- pasaron muchas cosas. El Gobierno de Juan Manzur le dio unos $ 170 millones en fondos no reintegrables, y ahora hay expectativas de que le dé parte del dinero de la venta de las acciones de la provincia al banco Macro. También se cambió el régimen tarifario y la frecuencia (ahora se cobra mensualmente) y se procura avanzar hacia el cobro por consumo, aunque hay un sistema de consumo presunto. Se cambió el sistema de tarifa social que abarca ahora a 160.000 usuarios. Está entrando algo de dinero; no se sabe cuánto.

El titular del Ersept (ente de control), Santiago Yanotti, dice que “la situación es mala, pero mejor que antes. Ahora la SAT tiene plata para hacer obras de reposición. Hace más o menos 20 obras diarias de reposición de cañerías. Están haciendo sobre todo el sur del Gran San Miguel. Todo lo que rodea el Gran San Miguel es zona endémica, no se cambió la cañería en 70 años. La verdad es que se va a demorar en recuperar el sistema”.

Entonces, ¿vamos hacia un futuro mejor? Los legisladores opositores José Canelada y Eudoro Aráoz expresan sus dudas. “Hay un tremendo impacto de líquidos cloacales en la ciudad que supera groseramente lo tolerable; las quejas son permanentes, tremendas”, dice Aráoz, que está gestionando una audiencia pública (no oficial) para el 4/12. Canelada, que conformó con otros políticos un observatorio de problemas sanitarios, relata que “estamos receptando la misma cantidad de reclamos”. Que son muchos. De hecho, es este observatorio el que acompañó quejas de usuarios ante la Justicia para que la SAT reparase problemas añejos, como fue el caso de Sergio Cuozzo, de barrio El Bosque. La Justicia ordenó en mayo a la SAT que le dé agua al vecino. Este hombre había relatado sus padecimientos en la escandalosa audiencia de febrero.

Sin datos

Así las cosas, la verdad es que no se sabe si el futuro es mejor. A cualquier funcionario o experto que se le consulte si sabe cuántos desbordes cloacales hay en la ciudad, o cuáles son las principales zonas críticas, las respuestas serán siempre generales. Canelada denuncia que la SAT no ha dado un balance de su gestión, “ni podemos evaluar lo que está pasando porque nos niegan información”. Tanto él como Aráoz dicen que las modificaciones tarifarias derivadas de la audiencia suspendida podrían cambiar porque esa audiencia ha sido cuestionada administrativamente. Hay que recordar que, incluso, en esa audiencia hubo una situación densa porque la SAT había contratado como consultor a un funcionario que previamente había renunciado a la empresa sanitaria, luego había brindado sus servicios privados y después había vuelto a la SAT.

Canelada añade que, en su informe de ayer en la Legislatura, el ministro de Economía, Eduardo Garvich, dio a entender que no habrá más recursos para el funcionamiento de la empresa sanitaria. “Hasta ahora, de manera histórica, este gobierno venía presupuestando un 12% para obras públicas. Pero lo subejecutaba un 50%. Ahora han bajado el presupuesto, no va a haber un gasto de ni una cloaca. Es la primera vez lo bajan a la mitad. O sea, es la nada misma”.

 

Por Roberto Delgado