Cuando los flamantes funcionarios tomaron posiciones en el ministerio de Trabajo, aseguran que el lugar parecía tierra arrasada. En el piso 15, donde funciona la secretaría de empleo, una unidad crítica para la función de esa cartera, había escritorios vacíos. Se investiga dónde fueron trasladados los empleados que ocupaban esas sillas cuatro años atrás. Los 22 integrantes del área de prensa, que históricamente tenían asiento en el edificio de Leandro N Alem 650, donde funciona la estructura principal del ministerio, fueron alejados a unas 30 cuadras de allí, a la calle Alsina, donde tiene oficinas el CECLO.

“Para que quiero a fotógrafos y camarógrafos a tres kilómetros, si cuando hay protestas, o el ministro recibe a alguien, como a los integrantes de la CGT, los necesito acá”, se lo escuchó rezongar a Gustavo Veltri, el vocero de Claudio Moroni, que por ahora improvisó despacho en el piso 16, mientras terminan las refacciones en el 14.

El observatorio de estadísticas, que supo tener al día los principales indicadores del área, fue desarticulado por el gobierno anterior.

Planes y programas de empleo para jóvenes y mujeres fueron desactivados y sus partidas presupuestarias están sin ejecutar.

Las flamantes autoridades están revisando esa decisión, pero hasta ahora no encuentran los documentos que avalen la medida considerada “grave” ya que los mayores índices de desocupación impactan justamente entre en esos sectores.

En los principales conglomerados del país los técnicos del INDEC establecieron que veinte de cada cien mujeres que buscan un trabajo no lo consiguen, en tanto, entre las personas de entre 15 y 19 años la tasa de desocupación es del 41,3%.

Apenas se presentó antes su colaboradores Moroni destaco la decisión del presidente Fernández de volver a otorgarle el rango ministerial a una cartera que el saliente mandatario Mauricio Macri había trasformado en secretaría.

“Trabajo tendrá un rol central en el gobierno Nacional. Lo primero que haremos será reordenar las funciones del ministerio que nunca tendría que haber sido una secretaría dependiente de Producción”, sostuvo Moroni.

El presidente Fernández sorprendió designando a su amigo y compañero de estudios, Claudio Moroni, como ministro de Trabajo. Por semanas se insistió que ese cargo sería ocupado por Héctor Daer, cotitular de la CGT, junto a Carlos Acuña (Estacioneros de Servicio), y referente de Fernández en el mundo sindical.

Sin embargo, según él mismo cuenta, el líder cegetista sabía desde el 30 de octubre, tres días después que el Frente de Todos ganara las elecciones generales en primera vuelta electoral, que el ex titular de la SIGEN, la ANSES y la AFIP, escalaría en su carrera profesional hasta el ministerio de Trabajo.

Sin embargo siguió sosteniendo la versión para evitar que la oposición “esmerilara” la figura Moroni, como ocurrió en otros casos, como los presuntos elegidos para formar parte de equipo económico.

Claudio Moroni conoce a los popes sindicales desde su paso por la la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Los hombres y mujeres de Moroni

Infobae pudo establecer de que manera quedaría establecida la estructura del ministerio.

El potencial obedece a que algunos de esos funcionarios aún no fueron designados, pero ya colaboran con el ex titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Como se verá, la representación del mundo sindical quedó prácticamente relegado de los principales cargos.

Leonardo Julio Di Pietro Paolo es el jefe de Gabinete de Moroni.

Fue jefe de Gabinete del Ministerio de Salud del ex y actual ministro del área, Ginés González García. También se desempeñó como gerente de Prevención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Fue secretario de coordinación del ministerio de Desarrollo Social, y antes subsecretario de Programación para la Prevención y la Lucha contra las Adicciones.

Marcelo Bellotti, será el secretario de Trabajo. Es decir el virtual número dos de la cartera. Para los gremialistas Bellotti fue un “tapado” de Moroni en un puesto clave para las relaciones con los sindicatos y empresarios que deberán, por ejemplo, dirimir paritarias y resolver conflictos laborales.

Es abogado. Titular de la materia Derecho del Trabajo y Legislación Laboral de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela.

De perfil bajo, fue el apoderado del Frente de Todos en la ciudad de La Plata. También participó en las presentaciones judiciales que ese espacio político -el que llevó a Fernández a ocupar la Casa Rosada- realizó a nivel nacional contra la empresa Smartmatic en el escrutinio provisorio.

Mónica Litza será la secretaria de Empleo. También abogada, es una mujer ligada a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Fue edil por ese espacio en la localidad bonaerense de Avellaneda; también desde el Frente Renovador fue senadora provincial y diputada nacional por Buenos Aires. Estuvo a cargo del Registro Nacional de Reincidencias, donde trabo relación con la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) por haber modernizado los procedimientos para los trámites de reincidencia, que antes podían demandar semanas.

La poderosa CATT está comandada por Juan Carlos Schmid, un hombre que se retiró del triunvirato de la CGT que integraba junto a Daer y Carlos Acuña (Estacioneros de Servicio) cuando Hugo Moyano y Camioneros se retiraron de la conducción de la CGT.

De allí que Litza -quien también integró el Consejo de la Magistratura bonaerense- mantiene una muy buena relación con todo el Consejo Directivo de la principal central obrera del país.

El ministro de Trabajo tendrá la dificil tarea de reconstruir un ministerio que había sido trasformado en una simple secretaría.

Mónica Risotto fue designada en la estratégica dirección de Asociaciones Sindicales. Abogada del sindicato de peones de taxis, que lidera Jorge Omar Viviani.

Risotto tiene muy buenos vínculos con el Consejo Directivo de la CGT, liderado por Héctor Daer (Sanidad).

Su designación, que fue aplaudida por los “gordos” de la central obrera, causó malestar en las filas del camionero Hugo Moyano que se vio raleado en los cargos que pensaba que podrían ocupar algunos de sus hijos (Facundo -diputado nacional-, Pablo -secretario adjunto de Camioneros- o Huguito -abogado laboralista-) o de sus dirigentes más cercanos.

Por otro lado, Marcelo Adrián Bufacchi, será el subsecretario de Gestión Administrativa.

También abogado. Fue director de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo del ministerio de Trabajo. También se desempeñó como secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional de la SIGEN y director de la Beca Presidente Néstor Kirchner por la Universidad Nacional de San Martín.

10 de diciembre de 2011, fue designado Coordinador de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Asumió junto al entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. La jefatura de Estado era presidida por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Gerardo Girón será el subsecretario de Articulación Territorial.

Politólogo recibido en la UBA, fue Cofundador y director general de la Asociación Nacional de Politólogos (ANAP).

En noviembre de 2018, cuando Alberto Fernández aún no había sido señalado por Fernández de Kirchner como su candidato a la presidencia de la Nación, había analizado ante los medios: “Hoy en la Argentina no hay lugar para un Jahir Bolsonaro -por el presidente de Brasil- Cambiemos ya contiene a los sectores de derecha. Este gobierno -por el de Mauricio Macri- ha demostrado que es mejor haciendo campaña que gestionando”.

La grilla sería completada por Diego Schleser, subsecretario de Planificación, Estudios y Estadísticas.

Licenciado en Economía, entre 2017 y 2019 se desempeñó como Director de Estudios del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD - IDAES) de la Universidad de San Martín.

Entre 2009 y 2016 fue Director General de Estudios y Estadísticas Laborales en el Ministerio de Trabajo. También se desempeñó como docente en diferentes cátedras de grado y posgrado en temas de mercado de trabajo y protección social.

A mediados de este año, junto a Matías Maito, escribió un profundo artículo titulado “Desafíos del mercado laboral” el cual comenzaba así: “¿Argentina necesita una reforma laboral para atraer inversiones, volver a crecer y generar empleo? ¿El siglo XXI demanda recortar los derechos laborales? ¿La única forma de armonizar el cambio tecnológico con la organización del proceso productivo y las relaciones laborales es reducir los niveles de protección de los trabajadores? Las respuestas a estas preguntas que ofrecen quienes comparten la perspectiva económica y laboral del Gobierno son conocidas. Frente a esa posición es necesario insistir con un dato de la realidad: las reformas de flexibilización laboral fracasaron rotundamente en los países donde se implementaron. Mientras que no existe ninguna evidencia que compruebe que promovieron la generación de empleo, sí quedó demostrado que el efecto de todas y cada una de esas iniciativas fue el incremento de la desigualdad y la precarización laboral”.

Sobre el final del artículo, publicado por el diario Página/12, el funcionario pone el acento en uno de los desafíos que de aquí en más tendrá la cartera a cargo de Claudio Moroni: “La tasa de participación de las mujeres que tienen entre 15 y 64 años en el mercado laboral es un 30 por ciento menor a la de los hombres de esa edad. Esta asimetría se mantiene prácticamente inalterable desde hace dos décadas en Argentina. Además, los empleos a los que acceden las mujeres suelen ser, en promedio, de menor calidad a los que acceden los hombres, lo que redunda en una brecha salarial de aproximadamente el 25 por ciento”.

Los primeros 15 días de gestión.

El Poder Ejecutivo le anunció a los popes sindicales un aumento fijo para privados a cuenta de paritarias.

Las dos primeras semanas de Moroni en el cargo no fueron sencillas, en primer lugar colaboró con el presidente Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a elaborar el decreto 34 que fijó por 180 días una indemnización doble a la correspondiente por despido sin causa justa para quienes hayan sido contratados antes del 13 de diciembre, es decir antes de la entrada en vigencia del DNU.

La medida fue celebrada por al arco gremial que la consideró “justa” y “oportuna”, pero fue observada con desconfianza por los empresarios que no dudaron en salir a criticar con dureza.

En el último tramo del gobierno de Macri, algunos sindicatos denunciaron “una voraz sangría de cesantías” que anticipaban un resguardo ante la posibilidad que Fernández adoptara el régimen de doble indemnización.

De hecho, sobre el tema, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), Héctor Morcillo, había denunciado ante Infobae denunció “despidos ordenados por grandes cadenas como Pepsico, Unilever y Arcor”.

La crítica, como era de esperar, llegó del sector opuesto. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, expresó: “Acá hay emergencia productiva y ocupacional. La pregunta es si la doble indemnización es el camino. No hay ninguna duda de que hay que proteger al trabajador, pero el camino no es forzando a no desvincular” a los asalariados.

Fiel a su estilo, Moroni no respondió las críticas y el vendaval pasó.

El 19 de diciembre pasado por la noche, y en la Casa Rosada, el ministro de trabajo tuvo su bautismo de fuego junto a otros de sus pares.

Fue cuando concilió ante 19 de los principales gremialistas del país, entre ellos los titulares de la CGT, y las dos CTA, y el díscolo Hugo Moyano -aunque por ahora está alineado al gobierno- un aumento fijo por decreto para el sector privado a cuenta de las futuras paritarias, que se retomarán en seis meses.

El estratégico acuerdo entre el Ejecutivo y el sindicalismo se dio apenas 48 horas después de lograr la sanción legislativa al proyecto de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

Fue el ministro Moroni que aclaró que el aumento de los salarios privados que se dispondrá por decreto presidencial será de entre 5.000 y 8.000 pesos y será “remunerativo”.

El carácter “remunerativo” del aumento significa una detracción parcial por los aportes de los trabajadores y un costo laboral adicional, por la carga de impuestos y aportes que deben afrontar los empleadores. En ambos casos, con destino al fisco y al sistema previsional.

Antes que lo aclarase el ministro de Trabajo, Sergio Palazzo, titular del sindicato bancario, le había explicado a Infobae que “no se implementó un congelamiento de salarios como había trascendido en un primer momento” porque "será un adelanto de la negociación paritaria, y esto beneficiará a aquellos gremios que quedaron muy desfasados con la negociación porque les servirá para recomponer sus haberes hasta que tengan su turno de negociación o de revisión en el caso de aquellos que todavía tienen acuerdos vigentes hasta marzo o más adelante”.

Como se ve, las primeras semanas de Claudio Moroni al frente del ministerio de Trabajo, que por resolución de Fernández, dejó de tener el rango de secretaría, no fueron sencillos.

Cuando juró desempeñar el cargo con honestidad e idoneidad ya lo sabía. Es que novel gobierno de Alberto Fernández, esa cartera, junto a la de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, y la de Economía, al mando de Martín Guzmán, serán claves al menos en los dos primeros años de la nueva gestión.