posibilidad de que los docentes mendocinos nucleados en SUTE cobren el bono de fin de año de $7.000 propuesto por la Provincia, disparó el reclamo de los maestros de escuelas privadas, que exigen el mismo dinero.La titular del gremio de docentes privados SADOP, Ester Linco Lorca dijo a Diario UNO que el bono corresponde ser cobrado por los trabajadores de las escuelas privadas porque se trata de instituciones públicas de gestión privada.

Además consideró que debería tenerse en cuenta el principio constitucional que establece igual remuneración por igual trabajo.Los argumentos de la titular de SADOP no terminaron allí: "Si aludimos a la ley de equiparación, ese bono lo tienen que pagar". Además remarcó el reclamo para los docentes de los SEOS (Servicios Educativos de Origen Social) y a los que se desempeñan en escuelas privadas con cuota cero que reciben 100% de subsidio estatal.

Linco recordó que en 2016 el gobierno pagó un bono de $2.000 que no incluyó a los docentes de escuelas privadas y advirtió que "no quieren que vuelva a pasar lo mismo".Al mismo tiempo señaló que $7.000 para una docente que gana $10.200 por mes es mucho dinero "casi un sueldo más". Luego agregó: "Es un bono que no queremos por ser plata en negro, pero que desgraciadamente se hace necesario para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores".

Desde la DGE afirmaron que no están incluidos los docentes de los colegios públicos de gestión privada porque los empleadores son quienes deben responder.Al respecto desde SADOP se quejaron porque a pesar de hacer las presentaciones en la Subsecretaría de Trabajo, "la entidad no ha cumplido con su deber de reclamar a los colegios nucleados en el Consejo de Educación Católica (CONSEC) que tiene el 95% de los establecimientos privados para que se hagan cargo del bono".Otro de los argumentos esgrimidos por SADOP es que en otras provincias del país, aun sin que el gremio de docentes privados tenga participación en paritarias, fueron incluidos en el pago del bono de fin de año.Finalmente Linco consideró que esta propuesta del Gobierno tiende a separar a los trabajadores de la educación y a generar docentes de primera y de segunda clase.